Vecinos, asociaciones y amigos de José Antonio Luque se movilizan ante el derribo de su casa en Cabo de Palos

CARTAGENA. Vecinos, asociaciones vecinales y amigos han sido citados para este viernes, a las diez de la mañana, para tratar de evitar el desalojo y posterior derribo de la vivienda de José Antonio Luque Torres, 79 años, médico jubilado de la Armada. Su domicilio, situado en la playa de Levante, junto al restaurante Katy, ha recibido una orden de la dirección General de Costas de desalojo, con presupuesto a coste del propietario de 56.000 euros por su demolición, señala el afectado.

Por tal motivo, sus allegados han decidido movilizarse para impedir el desalojo y derribo y han puesto en marcha una campaña en change.org.

"Es su única vivienda en propiedad y actualmente vive allí.
Pero realmente no solo no vulnera dicha ley, sino que es una construcción de 1949 y estuvo entre las primeras 9 viviendas construidas en el litoral de La Manga, siguiendo con pulcritud las indicaciones del Ministerio de Obras Públicas (BOE 166 de 15 de junio de 1952) por lo que, como ocurre en otras zonas del litoral español, debería estar protegida y cuidada por los servicios municipales como vivienda característica y de interés urbanístico", dicen en la petición.

"La casa se construyó sobre roca y y arena dura, nunca sobre arena de playa y respetando los lindes de la cercanía al mar, por lo que no vulnera ninguna ley medioambiental. Al contrario, las terrazas se construyeron por orden del Ministerio para el libre tránsito de ciudadanos, la vigilancia del litoral y el salvamento de náufragos.

Por favor, no dejemos que se produzca este injusto desahucio!".

José Antonio Luque explica, que es "la primera notificación que recibimos, tres años después de solicitar la prórroga de la concesión que tiene otorgada mi familia desde 1952, dejando a salvo el derecho a la propiedad, que está hoy por hoy fehacientemente demostrada desde 1867".

Añade que esa orden de desalojo "me quita la posibilidad de pedir el amparo de la justicia". Explica que Costas quiere derribar su casa sin haber hablado con ellos para aclarar los "innumerables errores que se han cometido en nuestro expediente en los últimos 30 años". La orden que pretende extinguir la concesión se fundamenta, apostilla "en un cúmulo de sinsentidos; un esperpento en el que aparecen confusiones de muertos, fechas y falsos herederos".

Sabiendo que el deslinde de la Playa de Levante "no está ratificado, según la ley vigente, proceder al desalojo y demolición de nuestras casas es un atropello de irreparables consecuencias. En un estado de derecho, esto no puede suceder. Es un crimen talibán lo que pretenden hacer. La legalidad de compra y construcción es impecable. Documentado. Mi abuelo José Antonio Torres le compró, en 1949, al notario de La Unión Emeterio Martínez Conde, el solar de su propiedad, en la playa de Levante de Cabo de Palos. Solicitó los permisos preceptivos en aquel momento para la construcción de dos viviendas, dentro de este solar. Al  Ayuntamiento de Cartagena, Cabo de Palos está en su término municipal; a la Comandancia de Marina, por ser un solar del litoral  y al Ministerio de Obras Públicas".

El Ayuntamiento pide la paralización de la orden de derribo

El Ayuntamiento de Cartagena pide al gobierno de la nación la paralización de la orden de derribo de la vivienda de la playa de Levante en Cabo de Palos, cuyo desalojo y demolición ha ordenado la Demarcación de Costas, para la ampliación del paseo marítimo, así como una moratoria sobre cualquier procedimiento similar en ese frente marítimo.

Así lo ha expuesto este jueves 27 de mayo en el pleno la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, previa reunión, acompañada por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, con los vecinos afectados, y lo ha hecho en forma de moción de urgencia conjunta de los grupos Popular, Ciudadanos y concejales no adscritos, que ha recibido el respaldo unánime de toda la corporación.

“Con esta iniciativa, instamos al gobierno de España a que lleve a cabo el estudio de la prolongación del paseo marítimo de Cabo de Palos antes de desalojar cualquier vivienda y que, siempre cumpliendo con la ley, se agoten todas las vías posibles para evitar daños irreparables”, ha explicado Arroyo.

Durante su intervención en el pleno, Noelia Arroyo ha recordado que “la ley prevé excepciones cuando se trate de terrenos innecesarios para usos del dominio público, de manera que cualquier decisión sobre la permanencia de esas viviendas debería ir precedida por un estudio para establecer las necesidades de derribo, si las hubiera, en lo que resta del frente marítimo, evitar daños irreparables y actuar de forma coordinada entre las administraciones”.

De este modo, se recoge también en la iniciativa aprobada que se elabore el proyecto para la segunda fase del paseo marítimo concretando las necesidades de suelo para su prolongación, así como el establecimiento de un proceso de diálogo con los moradores de las viviendas afectadas para buscar soluciones alternativas.