Suprimir el Impuesto de Plusvalía

MURCIA. Las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional anulando determinados aspectos del impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como Plusvalía, ponen de manifiesto la gran dependencia de los ayuntamientos de determinados impuestos sobre los que no tienen capacidad legislativa.

Es evidente que muchas corporaciones locales podrían colapsar financieramente con la simple supresión del impuesto, ya que la financiación que obtienen de las administraciones autonómica y central es insuficiente para garantizar la prestación de los servicios públicos con calidad adecuada para mejorar la vida de los ciudadanos.

"¿No sería más consecuente que la plusvalía fuera gravada en una única instancia y DESPUÉS repartirlA entre las administraciones?"

Ante la inseguridad jurídica existente, tanto para las corporaciones locales como para los ciudadanos, el Gobierno de España rápidamente ha planteado un Real Decreto-Ley con la intención de salvar la situación, que lejos de zanjar definitivamente la cuestión parece que arroja serias dudas jurídicas sobre la fortaleza de la norma. En todo caso, sí que parece que no simplifica o facilita la gestión de este ingreso para los ayuntamientos.

Los incrementos patrimoniales por venta de inmuebles están gravados 3 veces y por las tres administraciones (plusvalía en ayuntamientos, transmisiones patrimoniales, donaciones y sucesiones en comunidades autónomas e IRPF en Administración central). ¿No sería más consecuente que la plusvalía generada en la venta de inmuebles fuera gravada en una única instancia y posteriormente repartirlo entre las respectivas administraciones?

Así desaparecería la plusvalía, se mantendrían los ingresos municipales y del resto de administraciones, se eliminarían conflictos jurídicos, sería mas transparente todo el sistema impositivo y seguro que los ciudadanos agradecerían la simplificación de las tareas.

Además, al no ser un impuesto obligatorio hay una cierta discriminación en función del lugar de residencia. El propio TC pone énfasis en la necesidad de garantizar unos criterios fiscales mínimos comunes para todos los ciudadanos independientemente del lugar de residencia.

El Tribunal Constitucional con la anulación de diversos aspectos de la Plusvalía municipal ha generado una oportunidad para que las tres administraciones puedan modernizar el sistema tributario y financiero local. No con soluciones parciales, sino mediante un cambio profundo en la política fiscal en España, más transparente y adecuada a la realidad de los contribuyentes.

Por otra parte, es el momento de abordar la tan deseada y solicitada reforma de la financiación de las corporaciones locales. Las tres administraciones sobre las que se sustenta nuestro estado de bienestar podrían establecer un marco de corresponsabilidad fiscal y simplificación tributaria que facilite los tramites administrativos y afronte los retos de futuro hacia los que camina nuestra sociedad.

Se trata de contemplar al ciudadano no solo como un contribuyente del sistema, sino como eje central de la gestión pública con el fin de mejorar su vida, redistribuir los recursos y lograr municipios socialmente cohesionados, con buenos servicios públicos y de calidad que miren al futuro sostenible y libremente.

Miguel Ángel Cámara Botía

Catedrático de Química Agrícola

Director de la Cátedra de Ecoeficiencia Hídrica

Universidad de Murcia