Casa Maestre, en la Plaza San FranciscoCARTAGENA. En los dos últimos años Urbanismo ha detectado y notificado un total de 432 deficiencias urbanísticas en el término municipal de Cartagena. Cabe destacar, que en 2021 una de cada cinco de estas inspecciones se han producido en el centro histórico, como parte fundamental del Plan de Rehabilitación del casco antiguo que el Gobierno local está llevando a cabo.
La mayor parte de las deficiencias detectadas se deben a problemas de estabilidad en fachadas, riesgo de desprendimiento de cascotes en tejados, balcones y cornisas o viviendas en estado de ruina.
El centro urbano de la ciudad necesita una reparación urgente, tan solo hay que darse una vuelta por algunas de sus históricas calles para ver edificios en muy mal estado, fachadas que piden a gritos una reforma y sus consiguientes peligro de caída de elementos que pongan en peligro la vida de vecinos o visitantes.
Tan solo en las dos últimas semanas, Urbanismo ha ordenado la reparación urgente de dos viviendas en la zona de San Francisco. Una de ellas es el emblemático edificio de la Casa Maestre, propiedad del Grupo Union. El otro, aun más reciente, es el ubicado frente a Hacienda, que tiene uno de los bares con más afluencia de la zona. Son dos de los más recientes, por citar los últimos en colocar los andamios, pero según los datos de la propia concejalía que dirige Ana Belén Castejón, se alcanza a los 34 edificios solo en este 2021.
"Desde la Concejalía de Urbanismo hemos dado un impulso a las tareas de inspección de edificios, de esta forma, las inspecciones urbanísticas han aumentado y, en la misma medida, lo han hecho las deficiencias detectadas” ha afirmado la vicealcaldesa Ana Belén Castejón.
Concretamente, en 2020 el Ayuntamiento abrió 260 expedientes SERU, a razón de 21,66 al mes; mientras que en lo que va de año se han tramitado 172 expedientes, con un incremento del 13,43% ya que cada mes se ha abierto una media de 24,57. “El objetivo principal que nos hemos marcado al aumentar las inspecciones no es otro que el de garantizar la seguridad de las edificaciones”, ha recordado Castejón
Se trata de un procedimiento de protección de legalidad urbanística que tiene por objeto obligar al titular de la vivienda o local a restaurar la legalidad urbanística o bien a subsanar las deficiencias detectadas para garantizar la seguridad en las edificaciones, informar de las actuaciones a realizar, así como del plazo del que se dispone para ello.
En caso de no cumplir lo indicado, continuará la tramitación del procedimiento administrativo, dando lugar, según se trate de obras o actividades, a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, bien reparando la deficiencia, procediendo a la demolición de lo indebidamente construido o al cese y clausura de la actividad.
