MADRID (EP). El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común han pactado que solo pueda renovarse a los profesores universitarios asociados si su plaza va a ser estabilizada.
Ambas formaciones han presentado en el Congreso de los Diputados una treintena de enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a las que ha tenido acceso Europa Press, la mayoría para la mejora técnica del articulado, según aseguran estos grupos políticos.
En una de las enmiendas registradas, ambos grupos proponen una modificación del texto normativo para que "los contratos de profesores asociados vigentes a la entrada en vigor de esta ley, podrán renovarse en las mismas condiciones y con la misma dedicación docente siempre que las plazas estén incluidas en un proceso de estabilización de los previstos en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre y hasta la finalización de los mismos".
En la justificación de esta iniciativa, PSOE y Unidas Podemos defienden que "se precisa el régimen transitorio respecto de la figura de profesorado asociado con el fin de garantizar que la adaptación al nuevo modelo de carrera académica pueda ser implementada por las universidades de manera efectiva y sin perjuicio de la efectiva estabilización que debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2024".
Estas renovaciones, según señala el texto, solo se podrán realizar mientras no salga la plaza de estabilización, la cual cuando salga antes de finales de 2024 será con una dedicación docente de máximo 120 horas como se indica en la ley.
En otra de las enmiendas, los grupos parlamentarios instan a modificar el proyecto de la LOSU para que incluya que las universidades privadas cuenten con una defensoría universitaria, además de con unidades de igualdad y de diversidad, que ya están recogidas en el texto.
"Las universidades privadas deberán contar con una defensoría universitaria, y con unidades de igualdad y de diversidad", señala la enmienda al articulado de modificación registrada por ambas formaciones.
El objetivo de esta iniciativa es que la ley asegure que el mecanismo de garantía de los derechos que supone la defensoría universitaria se implante de manera generalizada también en las universidades privadas.
El documento recuerda que el real decreto por que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario establece que las universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del defensor universitario, sin distinguir entre universidades públicas y privadas.
PSOE y Unidas Podemos consideran que, en la actualidad en España, la Defensoría Universitaria es una unidad con "una fuerte implantación" tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas y existe "un amplio consenso" sobre la utilidad de la aportación de las defensorías al funcionamiento cotidiano de todas las universidades en general y de las privadas en particular.
"No en vano, las situaciones que justifican la existencia de las defensorías universitarias en las universidades públicas también se dan o pueden darse en las universidades privadas", precisa la enmienda.
Así, las formaciones proponen que las universidades privadas "tengan por ley los mismos instrumentos de garantía de los derechos que las universidades públicas". "En caso contrario, la posición de los estudiantes y, por extensión del profesorado y el personal de administración y servicios, en estas universidades queda debilitada en comparación de las públicas", apuntan.