Foto: EUROPA PRESSMADRID (EFE). El acuerdo firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017.
Así lo recoge el texto de ese acuerdo que han suscrito en Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Miles de empresas decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017, entre las que se encontraban algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy.
CaixaBank trasladó su sede a València; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.
Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.
La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.
Ante esto, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que esas decisiones corresponden a las empresas y no a los gobiernos. Así pues, ha expresado en rueda de prensa que las empresas que decidieron venir a la Comunitat Valenciana han estado "muy confortables" entre los valencianos y se han sentido "muy acogidas", y ha insistido en que corresponde a los consejos de administración de esas empresas privadas tomar ese tipo de decisiones.
En opinión del expresident de la Generalitat, las empresas más importantes del ámbito bancario que se instalaron en la Comunitat Valenciana están "muy satisfechas" del entorno político, social, económico, afectivo e incluso emocional, y además se han conseguido "grandes resultados".
Según ha sostenido, su Consell actuó con "la máxima prudencia" y no hizo nada para que estas empresas vinieran a la Comunitat, pero una vez decidieron hacerlo se generó desde la Generalitat "un espacio de diálogo social, de confortabilidad y de capacidad de atraer inversiones".
Sobre el acuerdo firmado por PSOE y Junts, que incluye una amnistía del periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la política, ha indicado que desconoce el detalle del contenido, pero ha defendido que "el camino correcto" es buscar "espacios de reencuentro y de concordia".
Puig ha destacado que no es la primera vez que se hace una amnistía en España, donde ha habido 23 "desde hace bastantes años" y también "muchos indultos", sobre todo en la época de Aznar, y ha reivindicado que "lo importante es llegar a la estación esperanza".
Respecto a si el acuerdo puede perjudicar al resto de comunidades autónomas, ha señalado que siempre ha defendido que se tengan en cuenta singularidad de las regiones y al mismo tiempo se garantice la igualdad entre españoles y españolas, algo que "sin duda" va a garantizar este cuerdo.
Para el dirigente socialista, un acuerdo global de una investidura que atienda la agenda valenciana, como el cambio del modelo de financiación autonómica o la condonación de parte de la deuda, será positivo para la Comunitat, más allá del acuerdo con otros territorios.
