Isabel Franco, a la derecha, junto con Inés Arrrimadas y Mario Gómez, en un acto electoral en Murcia, en mayo de 2019. Foto: Foto: EP.MURCIA. De Cartagena a Murcia y de Murcia a Cartagena. ¿Quién se queda con la investigación de las primarias que ganó Isabel Franco para ser cabeza de lista a la Comunidad y cuyo resultado fue denunciado por uno de los candidatos? El caso comenzó en abril del año pasado en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la ciudad portuaria, el lugar donde presentó la denuncia Leonardo Pérez, uno de los aspirantes que perdió aquella votación. Pero, un año después, en pleno confinamiento, el juez de Cartagena Ignacio Munitiz pasaba todas las diligencias a Murcia por entender que era el territorio donde presuntamente se cometieron los hechos que debían dilucidar y por considerar que no era el órgano competente para investigar los hechos.
Sin embargo, ahora el Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia, cuya jueza titular es la magistrada Olga Reverte, ha devuelto las diligencias al juzgado de Cartagena, para que que sea éste quien siga investigando si hubo o no presuntas irregularidades en las votaciones de las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia.
Este juzgado de Murcia expone en un auto, que reveló la agencia Efe, que "no consta el lugar donde se realizó la presunta manipulación informática" ni tampoco que "su resultado se haya producido únicamente en el partido judicial de la capital murciana". La jueza esgrime también que "el efecto de la supuesta manipulación se produce no sólo en este partido judicial, sino en todos aquellos donde exista junta electoral"
El magistrado de Cartagena había acordado en abril la inhibición de este proceso a favor del juez decano de Murcia para su reparto al juzgado que corresponda. El instructor sostenía que la competencia territorial en los delitos de daños informáticos "viene determinada por el lugar donde se producen los daños, en este caso, en la ciudad de Murcia, donde se destinaron los votos". La única vinculación con Cartagena, aseguraba, residía en que fue la ciudad donde se presentó la denuncia.
No obstante, la magistrada de Murcia considera que "el informe pericial incorporado a las actuaciones demuestra que el 43% por ciento de los votos procedieron de IP´s de la Región". Por estas razones, la jueza rechaza la inhibición acordada por su compañero del Juzgado Número Cinco de Cartagena, al que devuelve toda la causa. Esta decisión puede ser recurrida dentro del plazo de tres días, como así recoge el auto.
Este caso judicial, en el que no hay ningún imputado, se desencadenó en abril, cuando un informe pericial encargado por el aspirante Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos en las primarias de Ciudadanos. El candidato perdedor denunció el caso. En marzo, Franco se había impuesto en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que Pérez, que recogió 237 sufragios. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito. A finales de diciembre, la vicepresidenta pidió personarse en la causa aduciendo que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también solicitó presentarse en el caso. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez rechazaron que la viepresidenta regional y su partido se personen como acusación particular.
