CARTAGENA. En un rápido vistazo a las páginas de alquiler de apartamentos podemos darnos cuenta de la gigantesca oferta que existe en estos momentos en la Región, especialmente en las grandes ciudades y en la Costa, de viviendas puestas a disposición de los futuros clientes, que no cuentan con ningún tipo de licencia para poder hacerlo, pero que, por contra, a partir de julio serán alquiladas sin control ni medida.
Estiman desde la asociación Aloja (Propietarios y gestores de las viviendas y apartamentos que se ponen a disposición del turismo en la Región de Murcia), que cerca del 80% de estas viviendas ofertadas en la Región son ilegales, lo que supone unas pérdidas millonarias para el sector, que ha alzado la voz para denunciar su desprotección ante tal descontrol y desenfreno.
Desde hace algunos años ciudades como Valencia colaboran con los inspectores de la Generalitat en el control y sanción de los apartamentos turísticos ilegales de la ciudad, con el fin de lograr el cumplimiento de la normativa y ejercer una política de tolerancia cero. Lo mismo sucedía en Benidorm, donde la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur) instaba al Ayuntamiento a sumarse al convenio suscrito con la Generalitat Valenciana para permitir que los agentes de la Policía Local fuesen instruidos en inspección de turismo. Esta circunstancia ayuda a ampliar el radio de detección de los casos de alojamiento ilegal y agiliza los trámites para tomar acciones contra quienes alquilan apartamentos en la clandestinidad.
Cartagena puede convertirse en el primer banco de pruebas de esta llamada policía turística, al ser el municipio de la Región que acoge más apartamentos turísticos y, por ende, el mayor número de viviendas ilegales destinadas para este uso. Aloja ha mantenido un encuentro con la concejala de Turismo de la ciudad, Cristina Pérez, para proponer la medida y enmendar este grave problema. "Hay una parte de la ley que permite que los ayuntamientos puedan reforzar la labor de inspección junto con los inspectores de Turismo de la propia consejería", dice Gregorio Morales, presidente de dicha asociación, quien explica que desde 2018 llevan denunciando la problemática a la que ahora le ven un rayo de esperanza, con la receptividad demostrada por el Ayuntamiento de Cartagena y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
La administración autonómica tiene conferidas las competencias en inspección y disciplina turística, pero a pesar de ello, "las distintitas administraciones locales podrán colaborar en la actividad inspectora, obviando su intervención en el ejercicio de la potestad sancionadora, que será competencia de los distintos órganos autonómicos", explica el dirigente de Aloja.
"Hay ayuntamientos en España que ya están aplicando esas normativas, formando parte activa en dicha labor de control de estos apartamentos turísticos. La Policía Local o Policía Turística haría una inspección de viviendas de alquiler vacacional potencialmente ilegales, toman parte y lo notificarían a la Consejería de Turismo, que sería quien sancionaría", añade Morales para explicar, globalmente, la propuesta hecha a Cartagena.
"Hay un número exagerado de apartamentos ilegales en la Región. Nosotros hemos estimado que casi el 80% de esta demanda, en los meses de verano, está fuera de la ley y con cuatro inspectores, que son los que trabajan para toda la Región, nos encontramos desbordados ante este desorden" añade el presidente de Aloja.
Piden la ayuda de los ayuntamientos, apoyándose en el artículo 43 de la Ley 12/2013, que indica que los funcionarios que desarrollen funciones inspectoras tendrán la consideración de agentes de la autoridad, pudiendo recabar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local en apoyo de su actuación, así como de los servicios de inspección de otras consejerías y Administraciones públicas.
"Estamos contentos porque hasta el pasado año no se estaba dando importancia a un asunto vital en el turismo de la Región. Desconocemos cuántas sanciones se llegaron a poner a los establecimientos ilegales en 2019 , pero creemos que fueron muy pocas. Sin embargo, el Diretor General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, se ha comprometido a dar un giro a las medidas de control, para empezar a sancionar como se debe a todos los establecimientos ilegales".
Denuncian, además, desde esta asociación que engloba a 400 alojamientos y cerca de 2.000 plazas turísticas, que en esta etapa de pandemia y confinamiento han permanecido abiertos apartamentos ilegales sin ningún tipo de medidas ni control, y que portales como "Idealista, Fotocasa o Milanuncios recogían anuncios en los que la gente estaba publicitando sus viviendas o incluso sus dormitorios por días o por semanas", añade el mandatario de Aloja.
Dentro de las negligencias que se pueden cometer a la hora de alquilar apartamentos de forma ilícita hablan incluso de la falsificación de las licencias, por lo que se estaría incurriendo en un doble delito por alquiler ilegal y adulteración de datos. "Estamos hablando de muchas infracciones en las que se deben tomar medidas de forma urgente", dice Morales, quien subraya el hecho de que durante el confinamiento han tenido cuantiosas pérdidas por el cese de actividad y "ahora nos encontramos más oferta que antes, lo que hace la situación sea insostenible. La confianza, la garantía, la seguridad y la calidad del turismo de la Región se está mermando", concluye Gregorio Morales.
