La portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín. Foto: PODEMOSMURCIA. Podemos tiene sospechas de que en la Región de Murcia también se han firmado contratos irregulares durante la primera ola del coronavirus. Después de elaborar un informe propio sobre las adjudicaciones que se otorgaron durante los meses más duros de la pandemia, ahora el partido morado da un paso más y pide formalmente a la Asamblea Regional que cree una comisión especial de investigación, convencidos de que hay un 'caso Almeida' en la Región, en referencia a la trama de comisiones millonarias en uno de los contratos de las mascarillas suscritos con dos empresarios que mediaron con el Ayuntamiento de Madrid.
En su petición a la Mesa de la Asamblea, registrada este viernes, el Grupo Mixto (en el que está encuadrado Podemos) pide, en concreto, investigar los contratos de emergencia que el Servicio Murciano de Salud tramitó para hacer frente a la crisis sanitaria durante el año 2020 (desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre).
Desde la formación morada esgrimen que, si bien los contratos por la vía directa, sin expediente ni concurso público, son legales ante catástrofes o emergencias (como fue la pandemia), no obstante, "la ausencia de mecanismos de control previos hace más necesario si cabe en este tipo de contratos una fiscalización posterior exhaustiva y la máxima transparencia".
Podemos expone que la Región llevó a firmar en el año 2020 un total de 3.465 contratos, adjudicados por el Servicio Murciano de Salud, "en un periodo en el que la Comunidad de Madrid, con una población más de cuatro veces superior, firmó 4.400". Sostienen además que dichos contratos sumaron un total de 120 millones de euros. Y denuncian que el SMS adjudicó contratos a empresas del sector inmobiliario y del deporte, "sin ninguna experiencia en el ámbito sanitario". Por esa razón, dicen, quieren acceder a los documentos para ver "si hubo también comisiones millonarias".
Para que que la comisión de investigación se pueda constituir, se requiere, primero, que la Mesa admita la petición a trámite, y, después, que dé el visto bueno la Junta de Portavoces y lo fije en pleno. Será la propia Cámara quien lo decida en una sesión plenaria. Los grupos que sujetan al Gobierno (PP y los ex de Cs y Vox) reúnen una mayoría absoluta de facto, por lo que, salvo sorpresa, el Grupo Mixto tiene difícil sacar adelante su propuesta.
