El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna. Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ (EP) MURCIA. Podemos, al igual que en su día hizo Vox (aunque por motivos bien diferentes), solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que inicie los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional la ley regional del Mar Menor. Esta norma, denominada oficialmente Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, fue uno de los escasos consensos que ha alumbrado la legislatura, ya que fue acordada por PP, Ciudadanos (entonces socios de Gobierno) y PSOE (principal partido de la oposición). La formación morada mostró su rechazo, como también se opuso Vox (insistimos: por razones distintas), porque consideraba que blanqueaba las prácticas agroindustriales. Tanto es así que definieron aquel quórum como "el pacto del nitrato".
Ahora, toda vez que se confirma el primer episodio de peces muertos en este año (anunciado y presagiado por la comunidad científica), el partido Podemos vuelve a la carga contra la ley que supuestamente venía a proteger la laguna. "Todo sigue igual o peor, a pesar de haber pasado casi tres años del primer desastre evitable", aducía el líder morado y diputado murciano en el Congreso, Javier Sánchez Serna, convencido de que la degradación de la albufera "demuestra que la mal llamada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor aprobada en julio de 2020 sólo ha servido para proteger los intereses de las multinacionales del agronegocio".
En concreto, Podemos sostiene que la norma "endurece los requisitos para actuar contra los regadíos ilegales", puesto que exige una resolución firme de la Confederación Hidrográfica. Este procedimiento, a juicio de Sánchez Serna, es perjudicial para actuar contra la contaminación, pues, argumenta, "sería similar a que la Policía tuviera que esperar una sentencia firme diciendo que quemar bosques es ilegal para detener a un pirómano al que sorprenden en plena acción". Por ese motivo el dirigente de Podemos cree que Miras se escuda en la ley para "justificar que sólo se hayan restituido 282 hectáreas de regadíos ilegales, lo que supone un 3% de las más de 8.500 existentes".
Serna también alega otras razones para rechazar la ley: "Ha servido para retrasar la aplicación de la Directiva Europea de Nitratos, de forma que se sigue permitiendo el uso de fertilizantes contaminantes que alimentan la sopa verde". Por todo ello, por todas "estas irregularidades contenidas en la ley", el coordinador de Podemos ha solicitado a la ministra Teresa Ribera que desde el Gobierno acudan al Tribunal Constitucional para "tumbar todos los preceptos" que consideran ilegales y que "sólo protegen a quienes están asesinando el Mar Menor".
La solución de Podemos (o al menos es su principal propuesta), insisten, es la creación de un Parque Regional, medida que todavía no se ha debatido en la Asamblea Regional, además de dotar a la laguna de personalidad jurídica (cuya petición ya ha llegado al Congreso tras recoger más de 600.000 firmas la iniciativa legislativa popular).
De prosperar el recurso, sería el segundo que abordaría el Tribunal Constitucional sobre este tema. Vox, en su momento, planteó un recurso de inconstitucionalidad, pero fue rechazado por unanimidad en mayo de 2021.
