MADRID (EFE). El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, defendió este jueves aplicar impuestos a los beneficios excepcionales que están consiguiendo las eléctricas en la UE por la escalada del precio del kilovatio debido a su vinculación a la cotización del gas por el sistema marginalista.
Cormann, que presentó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el impacto de la guerra en Ucrania, dijo que esos impuestos pueden servir para financiar medidas de compensación del encarecimiento de la energía para los consumidores en situación vulnerable, que a su juicio habrían de ser "temporales" y "selectivas".
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha estimado que, a causa de las condiciones actuales del mercado, las eléctricas de la Unión Europea van a conseguir 200.000 millones de euros de lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo".
Es decir, ganancias que no se derivan de un aumento de sus costos de producción sino del mecanismo marginalista de fijación de precios en vigor, por el que el precio del megavatio hora depende de la última tecnología que tiene que utilizarse para cubrir la demanda.
En el caso actual acostumbra a ser el gas, aunque la inmensa mayoría de la generación de electricidad provenga de centrales eólicas, hidráulicas, nucleares o de carbón.
Para Cormann, los dispositivos de ayuda a los consumidores para compensar la subida de la luz constituyen una medida de corto plazo pero en un horizonte más largo habría que revisarlos para que no tengan un efecto de distorsión del mercado.
En su informe, la OCDE insiste en que la UE debe trabajar para disminuir su dependencia del gas ruso (que supone en torno al 40 %), y más en general de los hidrocarburos, por razones estratégicas pero también para cumplir con sus objetivos climáticos.
La economista jefe, Laurence Boone, señaló que una opción para diversificar las fuentes de aprovisionamiento de gas sería retomar el proyecto de gasoducto entre Francia y España, de forma que así se aprovecharían al máximo las capacidades de las terminales de regasificación que hay en la península ibérica para alimentar el resto de Europa.
Una referencia al Midcat, que debería haber permitido más que duplicar los flujos de intercambio de gas entre España y Francia, que actualmente se limitan a unos 8.000 millones de metros cúbicos con las dos interconexiones existentes en el País Vasco y en Navarra.
El Midcat, proyectado por Cataluña, quedó aparcado en 2019 por decisión de los reguladores de los dos países.
Sin embargo, en el contexto de las consecuencias de la guerra en Ucrania y ante la eventualidad de que se cierre el grifo de las importaciones de gas procedente de Rusia, en las últimas semanas diferentes responsables políticos se han mostrado en favor de relanzarlo, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.