MURCIA. Las primeras 220 familias de la Región se convierten en propietarias de la vivienda social . De la mano de las políticas de hogar del Ejecutivo regional para que los dueños de las viviendas puedan destinar la cuantía de la renta del alquiler a otras necesidades básicas, como el pago de la electricidad y todo lo que se ha visto incrementado por la inflación.
Los otros beneficiarios de esta medida son aquellas familias o víctimas de violencia doméstica, donde se reduce el límite a diez años, víctimas del terrorismo, parados de larga duración de más de 50 años, familias numerosas, monoparentales o con alguna persona con discapacidad.
La puesta en marcha de estas medidas es "minimizar el impacto económico derivado de la pandemia, aliviar de la carga mensual del alquiler y mejorar la economía doméstica de estas personas”. Tal como lo explicó el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, para adquisición voluntaria de estos inmuebles.
El consejero indicó que disponer en propiedad de estas viviendas también impacta positivamente en el bienestar de las familias ya que “les garantiza la estabilidad y su permanencia en las mismas”. “En la mayoría de los casos se trata de personas mayores, que sentían mucha intranquilidad al residir en una vivienda social y ahora les ofrecemos una seguridad”.