Murcia adjudicó 'a dedo' en 2020 todos los contratos de emergencia para frenar la covid

MURCIA. La población mundial tuvo que hacer frente al coronavirus con una venda en los ojos. Ante el desconocimiento de la amenaza y la rapidez con la que esta crecía, los gobiernos de todos los rangos tuvieron que agilizar al máximo los procedimientos para evitar que la pandemia les atropellase, con lo que la tramitación de emergencia se convirtió en un recurso habitual en los ayuntamientos españoles. Estos contratos son adjudicados frecuentemente sin valorar distintas ofertas, una técnica que fue empleada de forma mayoritaria entre los grandes consistorios del país, aunque entre todos ellos destaca Murcia por haber sido la única ciudad que adjudicó 'a dedo' todos sus contratos de emergencia para hacer frente a la covid en 2020.

Así se desprende del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en relación a los contratos de emergencia tramitados por los grandes ayuntamientos de España en el pasado año, es decir, aquellos de más de 300.000 habitantes. Por motivos de acontecimientos catastróficos o situaciones de peligro o de defensa nacional -como se consideró la covid-, la normativa de contratos permite a las administraciones utilizar la vía de emergencia que permite saltarse trámites administrativos y hasta los principios generales de concurrencia y publicidad.

Entre los 12 municipios analizados se vislumbra una clara tendencia a aumentar el gasto tramitado por este tipo de procedimientos respecto a 2019, como demuestran los casos de Barcelona y Palma con una subida del 10.900% y del 13.500% respectivamente, de forma que el incremento medio nacional se situó en un 859%. Por su parte, Murcia se mantuvo alejada de esta tendencia y fue la única ciudad que disminuyó los contratos de emergencia en este periodo, destinando tan solo 433.452,78 euros en total, un 73% menos que en el año anterior. De esta forma, la capital de la Región dedicó hasta 6 veces menos dinero para este tipo de trámites que Palma, la segunda por la cola.

En específico, se impulsaron 13 contratos de emergencia desde el Ayuntamiento murciano en 2020, de los que 12 fueron destinados a hacer frente a la pandemia de coronavirus por un valor de 293.000€. De entre ellos, 9 fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas para realizar su informe. En cualquier caso, el Ejecutivo entonces capitaneado por Ballesta con Mario Gómez como segundo al cargo adjudicó a dedo todos los contratos examinados por la institución reguladora, es decir, 9 en total. 

A modo de comparación, hasta en 47 ocasiones recurrió el Ayuntamiento murciano durante 2019 a estas adjudicaciones realizadas con un criterio de emergencia, lo que sumó un valor superior a los 1,6 millones de euros, pues los desastres climáticos de aquel año obligaron a tomar medidas urgentes. Por tanto, se desprende que la baja incidencia del coronavirus en la Región pudo reducir la utilización de este procedimiento extraordinario.

Asimismo, también destaca el Consistorio por sus deméritos a la hora de comprobar la capacidad de las empresas adjudicatarias para llevar a cabo los proyectos encomendados o la solvencia económica de la misma, pues fue junto con Zaragoza la única ciudad que no investigó estos datos para realizar los acuerdos en ninguna de las ocasiones.

Contratos inadecuados

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también detectó que el 33% de los contratos de emergencias fiscalizados en Murcia eran indebidos, inadecuados o insuficientes. Entre las incidencias detectadas se encuentra el incumplimiento de los plazos, pues este tipo de tramitación indica como uno de sus requisitos que "el inicio de la prestación no podrá ser superior a un mes desde la adopción del acuerdo", condición que el Ayuntamiento incumplió.

También los impuestos generaron problemas en este Consistorio, pues se descubrieron dos contratos a los que se les incluyó el 21% de IVA  en sus facturas pese a que este tipo de prestaciones están exentas de abonarlo.

Además de otros errores en los trámites en adición a los ya mencionados, el Tribunal de Cuentas indica que Murcia utilizó de manera indebida la tramitación de emergencia en una ocasión. En concreto, alude al procedimiento urgente abierto por Emuasa para el suministro de reactivos, gases y material fungible para los laboratorios de análisis de las aguas, pues aseguran que "no se ha acreditado que la situación creada por la pandemia de covid-19 tuviera relación con la necesidad de adquirir estos suministros".

Precio de los suministros

Hay que recordar que la falta de oferta de material sanitario, como por ejemplo de mascarillas quirúrgicas, especialmente al principio de la pandemia, influyó notablemente en el precio de adquisición. En consecuencia, el Ayuntamiento compró mascarillas quirúrgicas el cinco de mayo a 70 céntimos la unidad, el tercer coste más elevado entre las ciudades contabilizadas. Por el contrario, el dinero abonado por las FFP2/KN95 en la misma fecha se situó por debajo de la media, con 2,98€/unidad. En cuanto al resto de suministros, Murcia no se aprovisionó de guantes de nitrilo, de gel hidroalcohólico de 5l ni de pruebas de anticuerpos.