MADRID (EP). La agencia de calificación de riesgos Moody's estima que el déficit de la Seguridad Social española "aumentará significativamente" en las próximas dos décadas en ausencia de nuevas medidas de ajuste como consecuencia del envejecimiento de la población y del mayor gasto en pensiones que supone vincular su subida a la inflación, lo que podría afectar de manera negativa a la 'nota' de España, situada actualmente en 'Baa1' con perspectiva estable.
En concreto, Moody's estima que, sin medidas adicionales a las ya adoptadas, el déficit del sistema de la Seguridad Social se incrementará hasta el 1,4% para 2030 y hasta el 3,2% para 2040, frente al 0,5% de 2022.
Además, prevé que este saldo negativo no empiece a reducirse hasta el final de la década de 2040, cuando alcanzará un máximo del 4% del PIB, superando incluso el déficit esperado para todos los niveles de la Administración en 2024, del 3,2%.
Moody's avisa en un informe sobre el sistema de pensiones en España de que los cambios políticos tras las reformas de 2011-2013 "intensifican el impacto fiscal" sobre la Seguridad Social.
Así, la agencia señala que las últimas reformas de pensiones introducidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que incluyen medidas para aumentar los ingresos e incentivos para el retraso de la jubilación, "se verán eclipsadas" por el aumento previsto del gasto en pensiones debido tanto al envejecimiento como a la decisión del Ejecutivo de vincular las pensiones a la inflación.
De este modo, en el supuesto de que no se produzca ningún cambio de política, Moody's estima que los gastos de la Seguridad Social, incluidos los gastos en pensiones y no relacionados con las pensiones, aumentarán hasta alrededor del 15% del PIB a finales de esta década y hasta el 16,8% en 2040, desde el 13,5% en 2022.
Por su parte, los ingresos de la Seguridad Social aumentarán hasta alrededor del 13,7% del PIB a finales de esta década, frente al 13,1% en 2022, antes de volver a caer hasta el 13% cuando expiren las medidas temporales adoptadas por el Gobierno, según los cálculos de Moody's.
Estas proyecciones asumen que las transferencias de la Administración Central se incrementarán en línea con la inflación desde el 2,7% del PIB recibido en 2022.
"Los ingresos podrían ser inferiores, sin embargo, si las nuevas medidas tienen efectos económicos indeseables. Algunas estimaciones apuntan a que las nuevas medidas provocarán una pérdida de empleo permanente de más de 100.000 puestos de trabajo. Esto es especialmente relevante para un país como España, donde la tasa de desempleo sigue rondando el 12% a pesar de las mejoras de la última década", subraya Moody's.
La agencia avisa en su informe de que, si no se toman medidas, las pensiones ejercerán una presión crediticia a finales de esta década. "En estudios anteriores hemos subrayado que el empeoramiento de los desequilibrios fiscales a causa de medidas de aumento del déficit ejercería una presión negativa sobre la calificación (...) La aplicación de nuevas medidas de ahorro para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones sería positiva desde el punto de vista crediticio", afirma la agencia.
Según Moody's, las medidas para fomentar los ingresos son una opción, pero tienen limitaciones y contrapartidas, y las medidas de ahorro "pueden ser eficaces y es probable que se apliquen dada la magnitud del déficit previsto" para el sistema de la Seguridad Social.
De acuerdo con sus cálculos, todas las medidas de ingresos contempladas en las reformas de 2021-2023 ascenderán a alrededor del 1% del PIB en su punto máximo.
A su juicio, las reformas estructurales que impulsen el potencial de crecimiento de la economía española o la tasa de empleo "tendrían probablemente un gran impacto" en el déficit, aunque tardarán en materializarse.
Por ejemplo, Moody's apunta que las reformas estructurales que aumenten el PIB real potencial hasta el 2% en 2023-2060 ahorrarían 0,5 puntos del déficit de la Seguridad Social en 2030; 1,4 puntos en 2040 y 2,3 puntos en 2050.
"Ello dejaría el déficit de la Seguridad Social en torno al 2% en la década de 2040, que podría reducirse a niveles más modestos con otras medidas. Sin embargo, estas medidas tardarán en materializarse, un periodo durante el cual aumentarán los déficit", subraya.
Moody's señala en su informe que la población española está envejeciendo "a uno de los ritmos más rápidos de Europa". El número de pensionistas aumentará significativamente en las próximas décadas, superando los 12 millones en 2040 y alcanzando un máximo de 14 millones en la década de 2050, frente a los 9 millones de 2022.
Dado que la población en edad de trabajar no se corresponderá con este tipo de crecimiento, España tendrá uno de los mayores índices de dependencia de la tercera edad de la Unión Europea en 2050, con un número de personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años que se reducirá de 3,1 a 1,5, según el informe sobre envejecimiento 2021 de la Comisión Europea.
"Es poco probable que la población española en edad de trabajar, que en última instancia financiará el gasto relacionado con las pensiones, siga el ritmo de este tipo de crecimiento, ni siquiera si se mantienen las elevadas tasas actuales de migración neta", apunta Moody's.
De hecho, el informe sobre el envejecimiento de la población de 2021 de la Comisión Europea prevé que la tasa de dependencia de la tercera edad de España se duplicará, hasta alcanzar el 65% en 2050, lo que supera la media de la UE del 57%. Sólo Portugal, Grecia e Italia tendrán ratios superiores en ese momento.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que, aunque no conoce el informe publicado hoy por Moody's en el que cuestiona las últimas reformas de pensiones, éstas han sido ratificadas por Bruselas y contemplan su revisión cada tres años.
En un desayuno informativo sobre las prioridades de su sindicato para la próxima legislatura, Álvarez ha recordado que las reformas adoptadas durante los últimos años "tienen cláusulas que de manera permanente" avisarán de los "puntos de alarma" que tenga el sistema.
"No es un acuerdo que se haya firmado hasta el año 2050, sino una valoración cada tres años. Lo vamos a valorar después de un informe de la AIReF cada tres años y vamos a ir tomando las medidas que correspondan en función de si hay algún desvío o no hay ningún desvío. Eso se intenta obviar siempre y no se puede obviar. No queremos que se pudra el sistema de pensiones de nuestro país y que nos encontremos en un momento que no se pueda abordar. Queremos justamente que se pueda evaluar cada tres años", ha subrayado.
Moody's avisa en su informe de que el mayor gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población y de la revalorización de las pensiones con el IPC elevará el déficit del sistema y podría afectar a la calificación crediticia de España.
En este sentido, Álvarez ha afirmado que "lo que provocaría una situación caótica e insoportable es que los pensionistas no tengan la posibilidad de que su pensión se revalorice con el IPC".
"Esa es una manera de ver los temas desde nuestra perspectiva, que no lo hacemos desde la perspectiva de engordar los fondos de pensiones, de engordar los grandes capitales, sino que lo hacemos desde la perspectiva humana, de la vida de las personas", ha defendido.
El líder de UGT ha asegurado que las reformas pactadas con el Gobierno se da confianza a los pensionistas actuales y de futuro.
"Lo demás son intereses económicos. Pueden ser todos los legítimos que quieran porque pueden tener todo el dinero que quieran para hacer los estudios que quieran, pero aquí hay una cuestión no discutible. El acuerdo de pensiones está ratificado por la Unión Europea", ha enfatizado.