MURCIA (EFE). El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, han arremetido este domingo contra el Gobierno central por utilizar las críticas al "pin parental" implantado en la Región de Murcia como una "cortina de humo" para quitar relevancia al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Casado ha participado en un acto en Murcia en el que ha criticado duramente a la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien esta semana dijo, al requerir a la comunidad autónoma que retire la obligación de que las familias autoricen la participación de sus hijos en actividades complementarias, que los menores no son propiedad de sus padres y tienen sus propios derechos.
El líder del PP ha comparado esas palabras con la idea del régimen cubano o los regímenes comunistas soviéticos, donde, ha subrayado, "los niños son de la revolución" y los propios hijos delatan a sus padres "cuando no son buenos revolucionarios".
"Esto ya no es una broma, es que lleva tres días ratificándolo", ha lamentado, y ha insistido en que se trata de una cuestión de "gravedad extrema".
Así, se ha preguntado si lo siguiente será que los murcianos que cuentan con una vivienda vacacional en La Manga que no está habitada durante todo el año podrán sufrir que se les expropie si así lo pide "el soviet de PSOE y Podemos".
Pero "lo peor de todo", ha dicho, es que "son cortinas de humo", puesto que este "pin parental" está funcionando en la Región de Murcia sin problemas desde que comenzó el curso en septiembre a través de una orden de la Consejería de Educación.
Por lo tanto, para Casado, la medida no era noticiable, pero se le ha dado relevancia desde el Gobierno central para evitar que la sociedad ponga el foco en el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado.
Similar consideración ha hecho el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que también ha participado en el acto y que ha apuntado además que parte de la polémica se basa en que el Ejecutivo central no querían que la Región de Murcia tuviese presupuestos.
"No querían un acuerdo entre aquellos que creen en la libertad, pero no lo han conseguido, han fracasado", ha subrayado.
En su opinión, el problema para el Gobierno central no son estas autorizaciones, sino en que no creen en la libertad y "quieren adoctrinar" desde las aulas.
"Si Pedro Sánchez destinara y dedicara esa valentía y la testosterona que está invirtiendo contra los padres y madres de la Región de Murcia contra los que quieren romper España, mucho mejor nos iría a todos", ha destacado.
Casado ha subrayado también que esa defensa en la libertad de educación debe ser un "punto de no retorno", una "línea roja", puesto que el motivo esencial por el que los dirigentes del PP están en política es "por la libertad de nuestros compatriotas" y para que "nadie meta la mano en nuestros hogares".
A su juicio, ahora que el proteccionismo económico ha fracasado como idea, el gobierno trata de inculcar un "colectivismo social, identitario", basado en guerras de género, de lo verde y de esta libertad en la educación, por lo que ha pedido a la sociedad que no entre en esos "señuelos" ni acepte estas "ruedas de molino"
Así, ha insistido en que "la receta para la educación" debe ser "la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos", y ha lamentado que no se defienda la misma libertad de los menores en el caso de Cataluña.
A ese respecto, ha subrayado que el Ejecutivo central está "vendiendo España a los independentistas" y ha anunciado que el PP se personará en el procedimiento del Tribunal Constitucional para que Torra, Puigdemont y Junqueras no puedan acceder a sus actas de diputados, ni en el Parlamento Europeo ni en el catalán.
Ha hecho también un llamamiento a despolitizar la justicia, y ha asegurado que Pedro Sánchez podrán contar para ello con el PP siempre que apoye que la fiscalía no esté en manos de políticos, que el Consejo General del Poder Judicial tenga independencia para proponer a sus miembros, o para tipificar como delito la convocatoria ilegal de referendums.
