MURCIA. No son las dramáticas cifras de los peores momentos de la pandemia, cuando el confinamiento obligó a miles de empresas a echar la persiana durante semanas, pero el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en la Consejería de Empleo en los tres últimos días reflejan de nuevo un ritmo de crecimiento preocupante. En concreto, el número de expedientes temporales presentados del 9 al 11 de noviembre en la dirección general de Bienestar Laboral, a los que corresponde su tramitación, asciende a 252, de los que 247 con de fuerza mayor y cinco son ETOP, los basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Si se tienen en cuenta los presentados en la primera semana de noviembre, la cifra asciende a 328 expedientes en lo que va de mes y 1.510 personas están afectadas por ellos.
Superan, con mucho, los presentados en septiembre y octubre, cuando se registraron un total de 253 ERTE. En el mes de septiembre, el numero de ERTE se redujo hasta los 83. De ellos, 45 fueron de fuerza mayor y 38 ETOP, y con un total de 1.605 personas implicadas. En octubre, se duplicó la cifra, pero aún así fue muy inferior a las de las últimas jornadas, quedando en 170 expedientes, 124 por fuerza mayor y 46 ETOP. En total, afectan a 1.725 personas.
CCOO-RM denunció hace tres semanas que había más 300 expedientes de regulación temporal de empleo de empresas de la Región pendientes de resolver en la Consejería de Empleo, lo que impide a miles de trabajadores cobrar las prestaciones del Servicio de Empleo Estatal (SEPE). Aunque las prestaciones salariales dependen del SEPE y del Ministerio de Trabajo, la Consejería debe tramitarlos primero para que los trabajadores puedan percibirla.
Desde la Consejería no han facilitado datos de cuantos de los casi 600 ERTE presentados en estos últimos dos meses y medio están resueltos ni de cuantas personas integran el equipo destinado a su gestión, ya que alude a que se trata de "información interna". En los peores momentos de la pandemia ese equipo llegó a estar integrados por más de 200 trabajadores públicos que fueron destinados a su tramitación desde otras consejerías.
El acuerdo firmado entre los sindicatos y el Gobierno regional contempla "el refuerzo de los departamentos encomendados para la resolución de los expedientes con el objetivo de agilizar el proceso para que ningún trabajador estuviera sin cobrar", recordaba el sindicato.
