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quejas por la suciedad, por las condiciones laborales y por los despidos

Lhicarsa pone a todos de acuerdo: trabajadores, vecinos y Ayuntamiento expresan su enfado con la empresa de limpieza

21/09/2022 - 

CARTAGENA. Si hay alguien que ha sido capaz de poner de acuerdo a los vecinos de Cartagena, a sus trabajadores y a los políticos de la ciudad es la empresa de limpieza Lhicarsa, que está participada por el Ayuntamiento de Cartagena y por FCC Medio Ambiente. Está en boca de todos, y no precisamente por su buen hacer con su cometido, la satisfacción de sus empleados o el servicio que ofrece a la ciudadanía. No es nuevo, ni mucho menos, que la lupa está puesta sobre la firma desde hace años, pero en las últimas semanas todo se ha agravado más cuando, sin previo aviso, comunicaba a cinco de sus empleados un despido fulminante respaldado por una redistribución de departamentos.

Los trabajadores, recordemos, fueron capaces de movilizar a sus compañeros, que amagaron con una huelga en el servicio por lo que consideraban una mala praxis de sus jefes. Los responsables de la empresa, ante lo que se les venía, tuvieron que recapitular y tratar de salir airosos de este atolladero. Hace dos semanas se anunciaba que el asunto estaba resuelto: tres empleados habían aceptado las condiciones ofrecidas para el despido y otros dos iban a ser readmitidos. Nada más lejos de la realidad, al menos para los afectados, ya que se les ofrecía volver, sí, pero en otro departamento y con otras atribuciones. Pasaban de la oficina a controladores de vertedero.

Algunos partidos políticos, como es el caso de Unidas Podemos Los Verdes Equo mirabam directamente al equipo de Gobierno, ya que el Ayuntamiento es propietario del 10% de la empresa y tiene algo que decir. Exigía la readmisión sin condiciones y que la alcaldesa, como presidenta del consejo de administración, velara por la continuidad de los trabajadores.

Este mismo martes la empresa ha informado de que se mantendrá la estabilidad laboral y se mejorará la gestión mediante una redistribución funcional que está en proceso.

Por otro lado, no hay más que darse una vuelta por las redes sociales y poner el nombre de la firma para ver las 'lindezas' que algunos le escriben por la deficiencia en la limpieza de sus calles, barrios y diputaciones.

Las quejas no dejan de crecer ante lo que consideran los usuarios un servicio deficitario, falto de medios y que no llega a todos lados. La suciedad es radiografiada por los vecinos continuamente y el enfado incrementa semana tras semana, hasta el punto de que a nadie le sorprende ya que Cartagena, sus calles y sus parques acumulen la suciedad y nadie se haga responsable de atajar el problema.

Mientras, la empresa no deja de anunciar la llegada de nueva maquinaria y de una inversión de 9 millones de euros para la renovación de aproximadamente el 60% de su flota de vehículos, los vehículos actuales son criticados por ruidosos y obsoletos.

Por último, la tercera pata de este frente común ante Lhicarsa es la del equipo de Gobierno municipal de Cartagena. Desde hace dos años, los actuales dirigentes han tenido varios encontronazos con la empresa por no cumplir los objetivos marcados. 

El año pasado fueron denunciadas irregularidades como que la contrata estuvo empleando medios adquiridos por el Ayuntamiento para efectuar tareas contratadas, por parte de FCC, para otras empresas y organismos ajenos al contrato municipal con Lhicarsa. El Ayuntamiento cifró en 1.375.935,99 euros el perjuicio ocasionado y por ello la empresa fue multada y se le exigieron responsabilidades.

Desde hace unos meses es el propio concejal de Infraestructuras y limpieza viaria, jardines, mobiliario urbano, alumbrado público, vía pública, etc..., Diego Ortega, quien ha decidido coger las riendas del control de los servicios y los trabajadores, examinando de forma pormenorizada los turnos, los medios empleados, el número de trabajadores, los servicios efectuados y las horas empleadas para evitar los desmanes que desde hace tiempo se consideraban que estaban sucediendo en el seno de la empresa. 

Ahora ha llegado la última 'bomba' con el despido de los trabajadores, que ha puesto patas arriba de nuevo la situación, ya enredada meses y meses. Este pasado martes, tal y como había pedido la alcaldesa, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Administración en el que Noelia Arroyo expresó al director general, Jordi Payet, su malestar por no haber tenido información sobre los planes de la plantilla en Lhicarsa, a pesar de que el Ayuntamiento sea socio y único cliente de la empresa. El encuentro fue serio y Arroyo volvía a exigir que el personal esté trabajando en la calle, que se organice con más eficacia (mas control de distribución de servicios) y que aceleren la puesta en marcha de la nueva maquinaria.  

La concesión del contrato para el servicio de limpieza de Cartagena y sus diputaciones caduca en 2030, aunque las inversiones llevadas a cabo por la empresa suponen una posición de fuerza para prolongar un acuerdo que a nadie satisface y que provoca el rechazo de todos los sectores.

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