MURCIA (EFE). Tras el carbón y el crudo llega el diésel. La prohibición de importar ese hidrocarburo y otros derivados petrolíferos de Rusia entra en vigor este domingo en la Unión Europea y se añade al mecanismo de sanciones por la invasión de Ucrania que busca asfixiar financieramente al Kremlin.
"Anticipamos que estaremos listos para asegurar suficientes suministros alternativos (...). Pasamos con éxito por un proceso similar con el petróleo crudo", dice a EFE el portavoz de Energía de la Comisión Europea, Tim McPhie, en referencia al veto sobre las adquisiciones de crudo vigente desde el pasado diciembre, que se suman al del carbón de agosto.
De los nuevos derivados prohibidos, el mayor desafío es el veto al diésel, el carburante que emplean cerca de la mitad de los coches de la UE y la mayor parte del transporte pesado y marítimo y la maquinaria.
En torno al 40 % de las importaciones comunitarias provenían de Rusia antes de la guerra, pero Bruselas confía en que el período de transición desde que se anunciaron las sanciones en junio hasta que se aplican en febrero, haya sido "suficientemente largo" para garantizar "rutas de suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados mundiales de productos refinados", añade McPhie.
Hasta la invasión de Ucrania, la UE tenía una enorme dependencia energética en Rusia, y Putin ha hecho caja en un año con una crisis energética histórica.
Moscú le ha facturado a la UE 140.000 millones de euros en carbón, gas y petróleo desde que arrancó el conflicto bélico el 24 de febrero de 2022, según el Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA), frente a los 99.000 millones de 2021.
Sin embargo, la tendencia ha ido cambiando y en el último trimestre del año las compras de productos petroleros de la UE a Rusia se redujeron hasta el 14,14 % del total de las importaciones, frente al 25,9 % del primer trimestre, según datos de Eurostat.
"Nuestras medidas están golpeando el núcleo de la economía rusa", dijo este jueves durante una visita a Kiev la presidenta de la Comisión Europea, Usrula Von der Leyen, quien celebró en particular que los ingresos energéticos que la UE aportaba a Rusia estén menguando en torno a 160 millones de euros al día.
En paralelo a las sanciones que los países occidentales aplican en sus propios territorios, la UE, el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y Australia, han establecido otras medidas que buscan golpear al sector energético ruso también en el mercado global.
Desde diciembre, ese bloque de aliados de Ucrania aplica un tope de 60 dólares por barril al precio al que sus navieras pueden transportar crudo ruso a terceros países.
Esos países acaban de cerrar las negociaciones para establecer otro máximo al transporte de diésel y otros derivados petrolíferos rusos, fijados en 100 dólares y 45 dólares, respectivamente.
"Esto permitiría que los productos refinados rusos (y especialmente el diésel) fluyan a terceros países si se venden por debajo del tope. Esto limitará los ingresos rusos y evitará la estrechez del mercado. Por lo tanto, también ayudará a abordar la inflación y mantener estables los costos de la energía, como ocurre con el petróleo crudo", razona McPhie.
El petróleo y el carbón son productos que generalmente se transportan en barco y que se pueden sustituir en el mercado global.
Hungría negoció una exención al veto de importaciones porque recibe petróleo de Rusia por tubería, pero el grueso de los Estados miembros puede recurrir a Estados Unidos, India y Oriente Medio para obtener petróleos.
Pero diversificar el gas que viaja por tubería es más difícil y la UE nunca ha sancionado ese hidrocarburo ruso, sino que ha sido Moscú quien ha ido reduciendo progresivamente los envíos para presionar a Bruselas hasta pasar del 39,3 % de las importaciones en 2021 al 15 % al cierre de 2022.
Pese a la notable caída de las importaciones del 66 % en volumen, apenas se ha notado en la factura de un año de crisis energética donde los precios del gas batieron todos los récords históricos: Rusia ingresó de la UE unos 51.333 millones de euros por compras de gas en 2022 frente a los 58.000 millones de 2021, cuando bombeó más del doble.