LOS ALCÁZARES. La propuesta del Ministerio de Justicia de agrupar los juzgados de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Murcia y Molina de Segura, condicionada a la creación y puesta en funcionamiento del juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Murcia, y la de los juzgados de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Cartagena y San Javier, condicionada a la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Cartagena, ha encontrado la oposición del Ayuntamiento de Los Alcázares.
"Desde el Ayuntamiento de Los Alcázares queremos mostrar nuestro rechazo a dicha posibilidad, y exigimos al ministerio que se creen los Juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos directamente en Molina de Segura y en San Javier", manifestó el Ayuntamiento en un comunicado. "Creemos que, de llevarse a cabo esta reagrupación, significaría un empeoramiento del servicio", afirma el alcalde Mario Pérez Cervera. "Vamos a defender que San Javier tenga más personal, porque lo contrario sería un perjuicio para los vecinos de Los Alcázares", añade Pérez Cervera. "Teniendo los juzgados de San Javier a 7 minutos, no entendemos la necesidad de obligar a los vecinos de Los Alcázares a desplazarse a Cartagena, que son más kilómetros. Además, sería sobrecargar el juzgado de Cartagena con los municipios del Mar Menor", señala el alcalde de Los Alcázares. "Más que una nueva organización, parece más una disminución de los servicios", añade.
Entienden desde Los Alcázares que la creación de los Juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos directamente en Molina de Segura y en San Javier afectaría de forma muy positiva a todos los Ayuntamientos afectados por esta medida, como es el caso de Los Alcázares. "De lo contrario, las mujeres (y sus hijos) víctimas de violencia de género de los partidos judiciales de Molina de Segura y de San Javier serán minusvaloradas ante la Justicia, ya que se les obligará a realizar varios desplazamientos innecesarios desde su residencia a las ciudades de Murcia y Cartagena respectivamente para tramitar sus causas penales y civiles (prestando declaraciones, asistencia a juicios, …) derivadas de violencia sobre la mujer. Esto supondría una doble victimización al hacerlas víctimas además de una eficiente organización judicial, sin olvidar que, en muchas ocasiones son mujeres en situación de vulnerabilidad y no siempre cuentan con medios para desplazarse", afirman desde el Ayuntamiento.