CARTAGENA (EFE). La Policía Judicial considera acreditadas las irregularidades en la adjudicación de contratos en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) durante el mandato de dos antiguos presidentes (Yolanda Muñoz y Antonio Sevilla), según el informe de esa brigada notificado a las partes.
El documento elaborado por agentes de la comisaría de esa ciudad, al que ha tenido acceso Efe, señala tras el análisis de los archivos y correos electrónicos intervenidos a la APC que se aprecian en la mitad de los 17 hechos estudiados, pues de los otros no se encontró documentación.
En el relativo a la creación de una oficina para dirigir el plan de digitalización se indica que el concurso fue adjudicado por 1,2 millones de euros a la empresa que desde la concepción del proyecto estuvo vinculado a él, hasta el punto de redactó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas.
De otro concurso se afirma que su importe, que superó los 23.000 euros, fue fraccionado en dos para conseguir así su adjudicación directa.
En un tercero convocado para la compra de ocho ordenadores portátiles, pese a que el responsable del contrato propuso el nombre de la empresa con la oferta más económica, finalmente se le otorgó a otra que la mejoró, pero fuera de plazo.
El informe señala que la expresidenta de la APC e investigada en esta causa Yolanda Muñoz tuvo presuntamente una intervención que califica de decisiva en la contratación de un alto cargo.
Añade que los actos que se organizaron en septiembre y octubre de 2021 para la celebración de la semana cultural del puerto se realizaron sin procedimiento de contratación.
Por otra parte, el juzgado que investiga los hechos acordó la pasado semana ampliar seis meses el plazo de instrucción por la ingente documentación de la causa y porque está pendiente la práctica de diligencias que además pueden dar origen a la necesidad de realizar otras.
También se justificó la prórroga, que llegará hasta el 23 de julio próximo, por la huelga que durante dos meses mantuvieron los funcionarios de la administración de justicia y porque desde que se incoó la causa se han sucedido en el juzgado hasta cuatro magistrados.
Las diligencias se siguen por un delito de prevaricación en la adjudicación irregular de contratos, entre otros, tras ser incoadas por la denuncia de la fiscalía y mantienen también como investigado a otro expresidente de la APC, Antonio Sevilla, otras cinco personas y dos sociedades.
