La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género aclara, después de sugerir una intervención de la Comunidad, que "es una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que se está llegando con el veto parental"
MURCIA. La recién nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la murciana Victoria Rosell, ha planteado este lunes la posibilidad de aplicar el artículo 155 en la Comunidad como una vía para que se derogue el denominado 'pin parental' en la Región de Murcia. Tras el eco que tuvieron sus palabras, la delegada salió al paso para matizar sus declaraciones y señaló que estaba ironizando.
En una entrevista en la Cadena Ser, Victoria Rosell había declarado: "Hay unos cauces jurídicos que pueden no ser necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación; imagínese, incluso del 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Pero donde falla el diálogo político si realmente se cierran a ello, sería una lástima. Sería el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".
Victoria Rosell, que es diputada de Unidas Podemos por Las Palmas, desliza así este procedimiento constitucional que sólo se ha aplicado una vez en la historia de España: en 2017, cuando el Estado ordenó la intervención de Cataluña tras los episodios del 1 de octubre y la declaración unilateral de indepedencia. La delegada, magistrada en excedencia y que nació en Murcia aunque hizo su carrera fuera de la Región, opina que el 'pin parental' atenta contra la legislación vigente.
Después de la entrevista, Rosell ha matizado en su cuenta de Twitter que estaba ironizando en su respuesta sobre el 155. En un mensaje enviado a un usuario, la delegada escribe: "No es verdad (...) . Sí te molestaras en oír el audio, la frase empieza “¿se imaginan?” Y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación".
En otro tuit, la murciana aclara sus palabras: "Bueno, es que no fue así. Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Que quienes piden que otras CCAA cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores".
Desde que saltó la noticia de que la Región consolidaría en sus Presupuestos el 'pin parental', que se aplica en los colegios e institutos desde septiembre del año pasado, el Gobierno central ha encabezado la reclamación para pedir a la Comunidad que retire los consentimientos familiares para que los alumnos puedan acudir a actividades complementarias, como son las charlas afectivo-sexuales.
Según informa Efe, la ministra de Edudación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Ejecutivo regional "para restaurar la legalidad" y retirar el 'pin' antes de que el Gobierno de España recurra a los tribunales de Justicia, tal y como ya anunció la pasada semana. El Ministerio envió el pasado viernes un requerimiento al Gobierno murciano para que retire las dos instrucciones de comienzo del curso 2019-20 para Infantil y Primaria, y Secundaria y Bachillerato para implantar este pin parental.
El departamento que dirige Isabel Celaá considera que el pin parental es "una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley" educativa y vulnera el derecho fundamental a la educación y diversos tratados internacionales ratificados por España.
La Región sigue en el epicentro del debate nacional a cuenta del 'pin parental'. Tras las palabras de Rosell, el presidente murciano, Fernando López Miras, calificaba como una "barbaridad" tanto el requerimiento de Educación como que se aplique el artículo 155. "Es una "frivolidad hablar de desobediencia en este asunto con la situación actual en Cataluña", decía, agregando que los servicios jurídicos estudian la figura legal que respalde la implantación de este permiso, según precisa Efe.
La mano derecha de Pablo Casado, el ciezano Teodoro García Egea, tuiteaba: "Para Pedro Sánchez es más grave ser murciano que ser condenado por desobediencia o estar encarcelado por intentar un golpe al Estado". Mientras que desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, demandaba al líder del PP, Pablo Casado, que "no se deje arrastrar por la ultra derecha" y no "arremeta" contra la educación pública.