La covid suspende el juicio a los dos excaldes y tres exconcejales de Mazarrón acusados de corrupción 

MURCIA (EFE).- El  juicio contra dos exalcaldes y tres exconcejales de Mazarrón y tres empresarios de la construcción, que están acusados de un presunto caso de corrupción en la adjudicación de obras a dedo, y que estaba previsto comenzara este jueves, ha sido aplazado hasta el 9 de febrero al haber positivo en covid dos de los acusados. 

Se trata, según ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado Jaime Bardají, de Juan Pedro M.B. y Bartolomé M.B., empresarios de la construcción. Los políticos acusados son Ginés C.M., que fue alcalde durante tres años por un partido independiente, y Francisco G.M., que lo fue por el PSOE, así como los exconcejales Isidro C.L., Juan Miguel M.B. y Andrés V.H., los dos primeros independientes y el último, socialista. 

Con ellos se sentarán en el banquillo los empresarios presuntamente beneficiados por aquellas adjudicaciones que se consideran ilegales, Juan Pedro M.B., José Baltasar N.S. y Bartolomé M.B. 

El fiscal reclama para cada uno de ellos la pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito continuado de prevaricación, en el caso de los cinco primeros, como autores materiales, y en los otros tres, como cooperadores necesarios. 

Señala la acusación estatal que las adjudicaciones de obras efectuadas sin cumplir con la legalidad, que exige la convocatoria de las mismas y la libre concurrencia, se llevaron a cabo durante el mandato de los citados alcaldes, que tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011 firmaron un pacto de gobierno en nombre del grupo independiente y del PSOE e IU. 

En cumplimiento del acuerdo, en los tres primeros años estuvo al frente de la alcaldía Ginés C.M., mientras que en el cuarto le sucedió Francisco G.M. Según el ministerio fiscal, la adjudicación de las obras municipales se llevó a cabo “eludiendo los esenciales principios de concurrencia, publicidad, transparencia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos”. Y añade que “se realizaron mediante un fraccionamiento de las mismas en varios contratos que fueron calificados como menores, a pesar de que era idéntico el objeto y el plazo de ejecución”.