Ramón Luis Valcárcel. Foto: EPMURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha estimado un recurso de apelación del letrado de la Comunidad de Murcia por el que esta pasa de responsable civil subsidiaria a perjudicada en el caso abierto por la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras y desestima otros 9, entre ellos, uno del expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, del PP.
En el aceptado entiende que ninguna otra persona física o jurídica aparte de la Comunidad "se vislumbra como perjudicada en esta causa" y, por tanto, con derecho de restitución, reparación o indemnización, por lo que "que resulta improcedente el mantenimiento de la condición de responsable civil subsidiaria de las entidades Hidronostrum S.A. y Desaladora de Escombreras S.A. habiendo esta absorbido a aquella a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración y la propia Comunidad".
Rechaza conjuntamente los otros 8 recursos contra esa pieza por entender que están debidamente motivadas concretadas e indidualizadas las conductas punibles.
Además de este recurso de la pieza de 2020 que afecta al procedimiento abreviado del juzgado de instrucción 5 de Murcia contra 17 investigados y 8 empresas, entre ellos, el exconsejero de Agricultura, la sala se pronuncia sobre otra apelación presentada a la de 2022 contra Valcárcel, que lleva el número 1.
La rechaza en todos sus extremos al entender que no se habían incumplido plazos procesales y que, como señaló la Audiencia en pasado marzo contra el archivo de la causa en su contra, que "dada la cantidad de irregularidades no era descartable su conocimiento (...) y participación en los hechos investigados”.
Gran parte de las alegaciones no combaten el auto recurrido, sino al fiscal, y en lo que se refiere a la situación hídrica de la región que justificó el proyecto, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia reiteran que "no resulta acreditada ni la necesidad ni la urgencia para el interés público de dotarla de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de agua existente en un momento de especial desarrollo económico".
"Y aun en el caso de existir tales necesidades hídricas, no existe justificación de que el procedimiento empleado para ello y su coste se ajustarán a derecho, al existir fórmulas alternativas”, añade al respecto.
Insiste en que Valcárcel no puede alegar por sus atribuciones entonces "mero desconocimiento" del "proyecto de coste millonario cuyos convenios de suministro de agua a 26 municipios fueron aprobados por el Consejo de Gobierno" que presidía.
Descarta que el devenir del proyecto fuera determinado por la crisis económica nacional al indicar que “existen indicios de que el plan preconcebido existía, y así se deduce de la abundante documentación recabada en los registros del auto inicial recurrido, y sobre esa hoja de ruta se fueron articulando las actuaciones, algunas en la misma fecha formalmente, aunque sus ideadores e intervinientes las antedataban o posdataban a conveniencia”.
Por último, la sala rechaza la alegación de confusión en torno a la denominada "Confort Letter" al entender que "la ausencia de autorización para asumir esa garantía por la Intervención General autonómica y la Consejería de Hacienda obligó a asumir riesgos financieros exagerados no respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos, ni por garantía hipotecaria, ni por el 49 % del resto de socios privados, que quedaron desligados de ella".
"Tal fue la importancia de esa garantía que el 28 de marzo de 2014 en el último Consejo de gobierno presidido por el recurrente se aprobó una transferencia de la Comunidad a Desaladora de Escombreras para atender los pagos a Hidromanagement por importe de 22 millones de euros", concluye la Audiencia.
Valcárcel será juzgado como presunto autor de delitos de malversación, prevaricación y fraude por los que la fiscalía pide 11 años de prisión, 20 de inhabilitación total y otros 27 para cargo público, además de una indemnización de más de 74 millones.
La otra pieza investiga los de prevaricación, fraude, malversación, administración desleal y falsedad continuados.
