El imperio de la ley prevalece (por ahora)

Las últimas horas han incendiado el debate público, un asunto que podría parecer jurídico, técnico, procedimental y por lo tanto alejado del debate social, de la calle, ha pasado a copar las portadas de todos los medios, saturar las redes sociales y comentarse en la calle. En algún momento tenía que pasar, es lógico y esperable porque llevamos años de letargo, de silencio obligado por ley e impuesto a través de las mascarillas y de generar miedo y pavor entre la ciudadanía. El asunto que ha destapado la caja de pandora con declaraciones de todos los líderes políticos tiene un origen legal, de respeto a los procedimientos que establece la ley para legislar, modificar, introducir cambios legales y en definitiva cumplir las normas respetando siempre la ley suprema que emana de la Constitución española.

Pasado

La realidad es que desde que el presidente del gobierno tomó las riendas de la nación española, estamos acostumbrados a escuchar anuncios de leyes y medidas surrealistas, sorprendentes y casi siempre ridículas. El humor del pueblo español las convierte en chascarrillo, en viñeta, en parodia, en chistes y memes y luego “otra ronda de gambas” como decía un clásico de la radio española. Este aguante y eterno pasotismo o dejadez es muy útil para un gobernante decidido a perpetuarse en el poder y a modificar la ley y la convivencia a su gusto, ya que la respuesta ciudadana, política y mediática es nula o muy suave. En consecuencia, cada vez se atreven a legislar para minorías más radicales y activistas, necesarias para su apoyo parlamentario pero muy alejadas de la mayoría de la ciudadanía.

Esta semana lo que ha ocurrido ha sido que la Corte de Garantías del Tribunal Constitucional decidía paralizar la reforma legal promovida por el PSOE y Podemos para cambiar –vía exprés y a espaldas del control parlamentario– el funcionamiento reforzado tanto de la propia Corte como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llamado a renovarlo. Es decir, le dicen al gobierno que debe hacer las cosas conforme a derecho y respetar el imperio de la ley, para no convertirnos en una democracia partidista que sólo respeta las decisiones de Su Sanchidad, el líder todopoderoso.

Presente

Tras la decisión del Tribunal Constitucional el propio presidente realizó una rueda de prensa atacando al poder judicial y anunciando “medidas necesarias”, demostrando su catadura moral, pretende hacer lo que quiera al margen de lo que promulguen las leyes y lo que dicten los tribunales. Así niega la separación de poderes, la legitimidad de los magistrados del TC para ejercer sus funciones y pretender vulnerar el estado de derecho. Recordaba el catedrático de Dº Constitucional en la Universidad de Valencia, Carlos Flores varios apuntes al respecto: “los magistrados no están “caducados”, sino que tienen su mandato prorrogado al amparo del art. 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, también explicaba el jurista que “los magistrados prorrogados tienen exactamente las mismas atribuciones que los demás”. Además, apunta que la decisión del Tribunal Constitucional “no está impidiendo al parlamento que legisle. Está impidiendo al parlamento que atente contra los derechos de las minorías parlamentarias a través de un procedimiento irregular.”

El adjetivo democrático lo anula todo, es decir, la izquierda utiliza esta palabra o aquella clásica expresión de soberanía popular, para eliminar y cancelar el imperio de la ley, el estado de derecho, la seguridad jurídica, y todo lo que conlleva un estado serio que garantice paz, justicia y convivencia. Vivimos un momento grave y las palabras se retuercen y manipulan hasta más allá de los límites para mentir descaradamente y para falsear la verdad, que siempre es la gran perdedora. Mienten quienes dicen que Congreso o Senado pueden hacer lo que estimen ignorado la ley y las decisiones de los tribunales.

El ejemplo más visual para comprender la diferencia entre respeto a la ley y soberanía popular, es decir, lo que quiera el pueblo, lo podemos ver en los casos de violadores o asesinos. Si cuando los detiene la policía, se hiciera un referéndum en su pueblo o ciudad, ¿qué votaría la gente? En cambio, la ley garantiza que tengan derecho a un juicio justo, que tengan una defensa legal y un proceso que respete las garantías y libertades. Esa es la diferencia entre fiar todo a la mayoría popular que en cada momento puede decidir unas normas de convivencia o respetar que una legislación, un conjunto de leyes y normas sean respetadas y cumplidas y los jueces y tribunales sean garantes de su cumplimiento y correcta aplicación. 

Futuro

Los próximos días serán decisivos, vivimos una situación excepcional, y además del trabajo de magistrados, tribunales y demás actores, la comunicación política y los medios de masas tienen un papel protagonista clave en cómo la ciudadanía entenderá el fondo del asunto. Por lo pronto, Santiago Abascal, presidente de Vox anunció en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados que el próximo viernes presentarán una querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP se mostró en un tono institucional, firme y serio, pero volvió a ofrecer su disposición a pactar cambios y reformas legales con el PSOE, demostrando una paciencia infinita o una ignorancia suprema.

La batalla legal debe trasladarse a la arena política, también a la mediática y a la sociedad, de hecho, ya hay plataformas proponiendo desde la manifestación del próximo 21 de enero a la soñada (por algunos) gran coalición entre PP y PSOE para pactar los puntos que afectan a la mayoría de los ciudadanos y dejar de lado a la hora de gobernar y legislar a las minorías radicales, nacionalistas y separatistas. Todo apunta a un 2023 muy movido, con la eterna crisis económica y sobre todo con las elecciones de primavera a la vuelta de la esquina. Ojalá entre todo este maremágnum no vuelva a perder la batalla la verdad.