CARTAGENA. "Los tribunales han vuelto a tumbar el intento de José López de castigar a los funcionarios que no han cedido a sus presiones", ha dicho la portavoz del Partido Popular de Cartagena y concejala de Hacienda, Interior y Personal, Esperanza Nieto, que recuerda que "MC ha intentado acabar con la carrera de tres funcionarios y expulsar de la política a todos sus rivales del gobierno con una acusación ridícula que los jueces han vuelto a tumbar por segunda vez".
La audiencia Provincial ha archivado la denuncia por prevaricación firmada por Jesús Jiménez y otros dos concejales de MC Cartagena, en la que pedían la condena de todo el gobierno municipal y tres funcionarios del Ayuntamiento por haber concedido permiso para impartir docencia en un centro universitario al jefe de los Servicios Jurídicos municipal.
Nieto ha recordado que José López cambió a dedo a más de 100 funcionarios en sus primeros meses como alcalde y ha estado persiguiendo a todos los trabajadores municipales que consideraba incómodos o no se plegaron a sus órdenes. "Esa persecución y amenazas se convirtió en denuncias penales que la justicia ha vuelto a archivar", señala la concejal.
La denuncia "prueba del desprecio que tiene MC por la profesionalidad e independencia de los trabajadores municipales", dice la edil de Hacienda
Y ha recordado la condena por un delito de coacciones a un alto funcionario municipal, "prueba del desprecio que tiene MC por la profesionalidad e independencia de los trabajadores municipales", ha denunciado la concejal.
El presidente de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, apostillaba, por su parte, que la resolución de la Audiencia "viene a mantener que hay duda de legalidad sobre la compatibilidad del letrado director de la seguridad jurídica, pero que no es suficiente para un procedimiento penal. Nosotros evidentemente mantenemos las dudas de legalidad, porque creemos que al cartagenero le debe preocupar que un funcionario cobre 3.000 euros de complemento cada mes por una dedicación exclusiva a su puesto y aun así lleve una actividad privada a la vez. Creemos que el Juzgado ha dictado una resolución que no se ajusta a la normativa que contábamos con ella. Vamos a explorar las vías para continuar. Hay que entender que una cosa puede no ser delito y ser ilegal. También puede ser legal y amoral. No vamos a cejar en el empeño de recuperar esos 200.000 euros de complemento específico que viene cobrando este funcionario, entendemos que de manera ilegal".
"Es un varapalo al bolsillo de los cartageneros: 200.000 euros de complemento específico que cobra un funcionario y que consideramos que de forma ilegal", dice Giménez Gallo
"El Juzgado cree que hay dudas de derecho, pero para nosotros no existen tales, porque hay un informe jurídico muy claro que emitió la secretaria del Pleno, en el que se decía que era absolutamente incompatible. Luego se ha hecho un trámite en contra de eso. Vamos a explorar todas las vías para que este acto que consideramos ilegal no siga perjudicando a los cartageneros. El varapalo es al bolsillo a los cartageneros. Son 200.000 euros de los cartageneros. Queremos que el dinero público se gaste en lo que debe gastarse y no seamos víctimas de cualquier fórmula de corrupción".
