Puerto de València. Foto: ValenciaPortMURCIA (EP). El Tribunal de Cuentas ha advertido de la reducida petición de ayudas aprobadas para el transporte marítimo para compensar la caída de la actividad a raíz de la pandemia de la covid, con un nivel de solicitudes inferior al 20% en las relativas a la reducción de las tasas de ocupación y actividad.
Esta es una de las conclusiones del 'Informe de fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario estatal'.
Estas medidas consistieron en la eliminación de los tráficos mínimos dentro de las concesiones de ocupación, la reducción de la tasa de ocupación y de la tasa de actividad, exenciones y reducciones en la tasa del buque y el aplazamiento de deudas tributarias, entre otras.
Según constata el Tribunal en su informe, recogido por Europa Press, el coste total de las medidas de reactivación económica en el transporte marítimo ascendió a 53,6 millones de euros, con 20,7 millones correspondientes a la reducción de ingresos de la tasa de ocupación, 14 millones a la eliminación de la exigibilidad de tráfico mínimo, 11 millones a la reducción de la tasa de actividad y 7,8 millones a la reducción de la tasa del buque.
Para la reducción de la tasa de ocupación y la tasa de actividad, las autoridades portuarias recibieron, respectivamente, un 20% y 17% de solicitudes respecto a todas las concesiones existentes al inicio de la declaración del estado de alarma.
Un porcentaje reducido, advierte el órgano fiscalizador, que explica esta situación por la dependencia de sectores predominantes en cada puerto, determinantes del volumen de tráfico y de la actividad, sin que fuera uniforme la afectación de la pandemia en cada uno de ellos.
Experimentaron mayor impacto las concesiones relacionadas a la interacción puerto-ciudad, junto con concesiones relacionadas al tráfico de pasajeros, frente a las de actividades industriales y logísticas, cuya actividad no se vio especialmente reducida, manteniendo el nivel de tráfico.
Las concesiones de usos industriales y reparación y mantenimiento de embarcaciones, apunta el Tribunal, no se pudieron beneficiar de las medidas debido a que su ciclo de producción va más allá del ejercicio económico, por lo que la disminución de su actividad acabaría siendo en 2021 y ejercicios posteriores.
La crisis sanitaria provocó una caída del tráfico portuario del 72% (63% en el transporte regular y 97% de cruceros), mientras que la contracción del tráfico de mercancías se quedó en el 10%, siendo mínimo este descenso, de un 1%, en el transporte de mercancías por contenedores (las mercancías convencionales y los graneles cayeron un 15%).
Para acceder a la reducción de tasas, el solicitante tuvo que demostrar una reducción de su actividad superior al 10%, si bien el impacto de la pandemia no fue homogéneo. Por otro lado, el Tribunal plantea que la primera regulación planteó a las autoridades portuarias dudas sobre cómo aplicar la reducción de la tasa de ocupación, retrasando la tramitación de las primeras solicitudes.
Asimismo, ante la escasa regulación de las tasas de actividad y de ocupación, su aplicación acabó siendo desigual entre diferentes autoridades portuarias, si bien cada una de ellas, en su ámbito interno, trató homogéneamente las peticiones de reducción.
Es por ello por lo que el Tribunal recomienda aprobar una nueva regulación del sistema portuario con más precisión normativa, incluyendo criterios objetivos y uniformes para evitar que conceptos indeterminados permitan un tratamiento desigual entre autoridades portuarias.
Por otro lado, plantea como conveniente que Puertos del Estado apruebe directrices aplicables a la construcción de nuevas infraestructuras con finalidad de que se tenga en cuenta la incidencia sobre infraestreucturas proyectadas de la actividad y de la capacidad portuaria de los puertos del entorno.
