MURCIA (EP). La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles que hay que "respetar" la decisión de Ferrovial de trasladarse a los Países Bajos y ha cargado contra la vicepresidenta Nadia Calviño por "señalar" a esta compañía. A su entender, la pregunta que debería hacerse es si el Gobierno ha hecho algo para "empujarla a que se tenga que ir" o es "responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países".
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente su rechazo" a ese traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos. Según fuentes del Ministerio, se trata de una "errónea decisión" de una empresa "que debe todo a España" y ha criticado la "falta de compromiso con su país".
En una rueda de prensa en la sede del PP para anunciar la petición de crear una comisión de investigación por el 'caso Mediador', Gamarra ha afirmado que "hay que respetar las decisiones que toman" las empresas españolas. "Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta: ¿He hecho yo algo para que se queden? ¿O he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir?", se ha preguntado.
Es más, ha dicho que la vicepresidenta primera debe preguntarse si el Gobierno es "responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas tengan que optar por otros países" o de "la falta de incentivos para atraer la inversión".
Además, Gamarra ha subrayado que debe formularse la siguiente cuestión: "¿Estoy teniendo como Gobierno una conducta de defensa de nuestro tejido económico y empresarial o estoy permitiendo que sea vapuleado?". Según ha añadido, estas son preguntas que "debe hacerse el propio Gobierno antes de señalar a una empresa que sigue manteniendo su actividad también en España".
Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido que con la marcha de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, España se enfrenta al "riesgo" de que haya un "efecto contagio" en otras multinacionales españolas y salgan del país.
En una entrevista en RNE, Bravo ha denunciado la "falta de seguridad jurídica" y, por tanto, "inquietud" que las empresas encuentran frente a la que les ofrecen en otros países y ha pedido hacer una "profunda reflexión" sobre los motivos de esta marcha.
Fuentes de la cúpula del PP consultadas por Europa Press ponen el acento en el hecho de que este traslado se produzca con un Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
"Las empresas se van de la España de Sánchez como se iban de la Cataluña de Puigdemont", ha indicado las mismas fuentes, en alusión a la fuga de compañías que salieron de Cataluña a raíz del 'procés' en el año 2017.