MURCIA (EP). El Gobierno tiene menos de dos meses para aprobar, con un real decreto ley, el Estatuto del Becario tras más de un año de reuniones de la Mesa del Diálogo Social, de la que forman parte el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sindicatos y patronal.
La norma que regula las prácticas de los estudiantes podría finalmente no ver la luz debido al adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los resultados de los comicios autonómicos y municipales.
A pesar de que la Mesa del Diálogo Social se ha reunido en diversas ocasiones desde el 22 de abril de 2022, UGT, Comisiones Obreras y CEOE no han llegado a acordar un texto con el Ejecutivo para regular esta formación de los estudiantes, principalmente por la discrepancia sobre las prácticas extracurriculares.
"Ahora es el momento que tenemos que ver de aquí al 23 de julio qué es lo conveniente y natural que podamos hacer sin forzar la máquina", ha manifestado este martes el ministro de Universidades, Joan Subirats, en declaraciones a los medios desde la Feria del Libro de Madrid, al ser preguntado sobre si al Gobierno le dará tiempo a aprobar el Estatuto del Becario antes del fin de la Legislatura.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha señalado que el Gobierno tiene "que ver ahora" si hay "tiempo o no" de aprobar los decretos que tienen en marcha, como el Estatuto del Becario, antes de las elecciones generales.
Por su parte, la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó a mediados de mayo que el Estatuto del Becario sería aprobado "con carácter urgente" en Consejo de Ministros, pero, ante el adelanto electoral que inicialmente estaba previsto para final de este año, el Ejecutivo dispone ahora de menos de dos meses para sacar adelante esta norma.
La vicepresidenta Segunda aseguró que el Estatuto del Becario sería publicado en el Boletín Oficial del Estado "en breves momentos", tras una "negociación intensa" entre sindicatos y patronal.
Aunque el Ministerio de Trabajo y Economía Social llegó a un principio de acuerdo con los sindicatos, este texto para regular la formación de los alumnos en prácticas no salió adelante ante la falta de apoyo de la patronal. Este documento recogía derechos para los estudiantes en prácticas en empresas como las vacaciones, el pago de desplazamiento o que, en ningún caso, superen el 20 por ciento de la plantilla total de la compañía, aunque sí podrían concertar formación con dos estudiantes, con independencia del número de personas de plantilla.
Debido a la disolución, la norma que no saldrá adelante esta Legislatura es el proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que iba a ser votado el lunes en Comisión y el jueves en Pleno en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el Gobierno solicitó su tramitación parlamentaria urgente tras aprobarlo en Consejo de Ministros.
Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que iba a afectar a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, plantea un marco normativo básico para homologar las Enseñanzas Artísticas Superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, con el objetivo de equipararlas a las universitarias. Además, prevé la creación de nuevas enseñanzas como las Audiovisuales.
La nueva ley perseguía equiparar las Enseñanzas Artísticas Profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. En cuanto a los alumnos de estas disciplinas, la norma reconoce su derecho a acceder a estos estudios, así como a su participación y representación, y persigue equiparar las becas de los estudiantes de Enseñanzas Superiores a las de los universitarios.
Las disciplinas reconocidas en esta norma como Enseñanzas Artísticas Superiores eran Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Artes Plásticas, Diseño, Artes Audiovisuales y Escritura Creativa. Durante su tramitación parlamentaria, los grupos acordaron que la norma obligara a que los centros reserven al menos un 5% de sus plazas para alumnos con discapacidad, tras aprobar el informe de Ponencia que se iba a votar este lunes.
Entre las leyes que sí ha aprobado el Gobierno relacionadas con la educación destacan la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá', la Ley de Formación Profesional, la Ley de Universidades o la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
La primera de ellas que aprobó el Ejecutivo fue la Ley de Educación, en diciembre de 2020. A los seis meses de la aprobación de esta norma, su impulsora, la exministra Isabel Celaá, fue cesada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sustituida por la actual ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que dio un carácter continuista al desarrollo de esta ley.
A mediados del pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso presentado por Vox contra la 'Ley Celáa', tal y como recogió una ponencia que entendió que la norma "respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas", señalando que en el sistema educativo debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas".
Un mes después, el Constitucional también desestimó el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PP contra esta ley. Desde el tribunal precisaron que algunas de las impugnaciones de los populares coincidían con las ya presentadas por Vox, por lo que la sentencia remite en estos casos a los argumentos expuestos en la sentencia de abril.
Tras entrar en vigor la nueva Ley Educativa, el Senado aprobó el 23 de marzo de 2022 de manera definitiva la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que consolida la FP Dual, establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
Un año después, el pasado 9 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, entre otras novedades, permite a los estudiantes el derecho al paro académico e impide a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo.
Entre las modificaciones de la nueva norma destaca que plantea un compromiso de gasto del 1 por ciento del Producto Interior Bruto para 2030; incluye entre las funciones del claustro universitario "analizar y debatir temáticas de especial trascendencia"; o que una persona no funcionaria pueda ser rector de Universidad.
Por otro lado, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno aprobó la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que entró en vigor el 7 de septiembre de 2022 con el objetivo de reducir la temporalidad del personal investigador.
Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.