MURCIA. El ansiado Plan Parcial de Joven Futura que sacará del limbo legal en el que se encuentra la urbanización de Espinardo en la que viven 3.000 personas y que cuenta con 1.370 viviendas está más cerca de salir adelante. Y es que el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, explica en una entrevista con Murcia Plaza, que se publicará este domingo, que su Concejalía ya trabaja "para llevar a cabo esta planificación urbanística", que en un futuro se someterá "a un proceso de participación pública".
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló en 2016 el plan parcial, al declarar nulo el acuerdo que adoptó en 2005 el Ayuntamiento de Murcia por la falta de un informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre los recursos hídricos. Aquella sentencia dejó a las más de 1.370 viviendas de la zona en una situación jurídica de limbo legal.
No obstante, Navarro Corchón asegura que la sentencia que anuló la modificación del plan general que ordenó este sector "no afectaba a las viviendas ya construidas, que son suelo urbano consolidado con todos los servicios".
Aunque aclara que "no sucede lo mismo con el suelo pendiente de desarrollar, que necesita nuevamente una modificación de plan general. Estamos trabajando desde la Concejalía para llevar a cabo esta planificación urbanística, que someteremos a un proceso de participación pública. Está directamente relacionada con una mejora de los accesos y nuevas dotaciones para los vecinos de Joven Futura y de Espinardo".
El presidente de la Asociación de Vecinos de Joven Futura, Chencho Mateos, aseguraba recientemente a esta redacción que la anulación en la práctica no ha afectado al día a día de los vecinos. "Sin embargo, a nadie le gusta vivir en una zona cuyo plan parcial no está aprobado. Necesitamos esa tranquilidad jurídica", aclara. Por eso le pedía al Ayuntamiento que el plan se pueda hacer realidad en esta legislatura, como así va a suceder.
En una reciente reunión, Navarro ya les adelantaba que existe un trabajo técnico previo de los Servicios Jurídicos para poder dar los primeros pasos y aprobar el expediente de una nueva modificación parcial. "Es un proceso largo, supeditado a alegaciones", aclaraba. Lo cierto es que ya se trabaja en él y se someterá a a participación pública.