Los economistas aplauden la nueva ley concursal que busca paliar las insolvencias

ALICANTE. Tras años de trabajo y dedicación, por fin ha visto la luz la nueva ley concursal española, que  adapta la legislación nacional a las indicaciones europeas. Se prevé que entrará en vigor a  finales de este mes de septiembre, una vez transcurridos veinte días desde su publicación en  el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se ha producido este martes. 

El 6º Congreso  Profesional del Mediterráneo - CPM2022, se celebrará los próximos 15 y 16 de este mismo  mes, en el Hotel Villaitana de Benidorm y será de los primeros encuentros de  profesionales que se encargará de analizar y debatir la nueva ley. Esta es la sexta edición  de este encuentro organizado por los Colegios de Economistas de Alicante, Región de Murcia, Valencia y Castellón; y los Colegios de Abogados de Alicante, Región de Murcia y Valencia. 

En este sentido, Maribel Robles, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Economistas de  Alicante e integrante del comité organizador del Congreso, señala que esta iniciativa, que transpone al derecho español la directiva 2019/1023, tiene por objetivo introducir otras  reformas en el ámbito concursal “para disponer de instrumentos más ágiles y eficaces que  mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas  viables, pero que se encuentran en dificultades financieras que pueden amenazar la  solvencia y acarrear el consiguiente concurso. Estas medidas también van encaminadas  a la descongestión de los Juzgados”.

Destaca Robles, como uno de los elementos más novedosos de la ley, los planes de  reestructuración “para facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un  instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella”.  La ley también incorpora un nuevo procedimiento para microempresas de menos de 10  trabajadores y autónomos. “Está previsto que su coste sea muy reducido para  incrementar la posibilidad de dar continuidad a las empresas viables. Ese nuevo  procedimiento entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y se ha establecido un período  transitorio hasta que la plataforma tecnológica donde deberá gestionarse esté  funcionando”, apunta la economista.  

Por otro lado, la ley modifica el procedimiento de segunda oportunidad endureciendo el  régimen que, pese a sus evidentes mejoras, ha generado también, según Maribel Robles, “una  interesante discusión doctrinal”. La Directiva apuesta por la profesionalización de los asistentes del juez en la tramitación  de la insolvencia, lo que ha llevado al gobierno a proponer un muevo modelo de  administración concursal, con mayor vinculación a los acreedores, así como a la introducción  de un nuevo auxiliar en materia de insolvencia, el experto en reestructuración, que intervendrá  en los trámites preconcursales, designado extramuros del juzgado. 

Otras materias e instituciones sufren también modificaciones importantes, como las que  afectan a la tramitación de los concursos sin masa, la desaparición de los planes de  liquidación, la introducción del llamado Prepack para facilitar las ventas de las unidades  productivas o la nueva configuración de la sección de calificación del concurso.    

Los Juzgados de lo Mercantil a partir de ahora tendrán competencia exclusiva en materia  concursal. La intervención del juez en estos casos se limitará a momentos clave del proceso y  los plazos serán de máximo 12 meses desde la apertura de la primera fase y el cierre de la  quinta. Como conclusión, señala Robles, “la intención el texto, a priori, es que lo anterior suponga  una gran mejoría con respecto a la media de duración del proceso en la actualidad que  está entre los 4 y 5 años, y un plazo de 2 meses para resolver los recursos de apelación  ante las Audiencias Provinciales. Estaremos atentos para ver cómo se desarrollan en la  práctica estas novedades”.

El 6º Congreso Profesional del Mediterráneo se centrarán en examinar y analizar  exhaustivamente el objetivo de la nueva Ley Concursal, que no han conseguido cumplir  ninguna de sus antecesoras. Es decir, que la antigua suspensión de pagos, hoy concurso de  acreedores, sirva realmente para que empresas con problemas puntuales pero viables en  el largo plazo puedan superar dichas insolvencias coyunturales. 

El objetivo de la Reforma es paliar las declaraciones de concursos de acreedores otorgando a los planes de  reestructuración un papel primordial. Para lograrlo, el texto recién aprobado introduce algunas  nuevas herramientas y modifica otras. Además, se cree que entrará en vigor justo cuando se  espera una avalancha de concursos de empresas desde 2020 y que se han acogido a la  moratoria concursal que finalizó en junio. 

Todo esto se debatirá y estudiará en detalle durante  el desarrollo del encuentro. Como en ediciones anteriores, el Congreso Profesional del Mediterráneo: insolvencia y  sociedades, espera reunir a prestigiosos especialistas a nivel nacional e internacional. El  principal objetivo de este año es exponer, debatir y analizar la nueva Ley Concursal, para  de este modo poder cumplir con la obligación de España de transponer la Directiva  Comunitaria sobre reestructuraciones e insolvencias.