Economía fija entre las primeras acciones de 2022 aprobar el Perte en español: nueva economía de la lengua

MADRID (EP). El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha señalado entre las primeras acciones de 2022 la aprobación del desarrollo del Perte en español: nueva economía de la lengua, anunciado por el Gobierno este año, y que estará destinado a generar oportunidades en torno a la lengua en ámbitos como la Inteligencia Artificial, el turismo, la ciencia y las industrias culturales, entre otros.

Para el Ministerio que encabeza Nadia Calviño, el 2022 comenzará también con la tramitación en la Cámara Baja de las diferentes iniciativas legislativas aprobadas en Consejo de Ministros en estos últimos meses.

Además, el Departamento económico ha apuntado a través de una nota con motivo del informe 'Cumpliendo' que se seguirá avanzando en los compromisos que están en marcha, como el lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas del Kit Digital, dotada con 500 millones de euros para pymes de entre 10 y 49 empleados.

Nueva demografía empresarial y mejora del clima de negocio

En el cuarto trimestre de 2021, el Ministerio ha promovido reformas que tienen como objetivo potenciar el ecosistema emprendedor nacional, mejorar la demografía empresarial española, la regulación y el clima de negocios.

Es el caso del recién aprobado proyecto de Ley Crea y Crece o del proyecto de Ley Concursal, propuesto por el Departamento junto al Ministerio de Justicia, que comenzará su tramitación parlamentaria en 2022.

Para consolidar el ecosistema emprendedor español, el Ejecutivo aprobó un proyecto legislativo histórico: el proyecto de Ley de 'Startups', cuyo texto ha iniciado su procedimiento legislativo en el Congreso de los Diputados.

Además, con el objetivo de fomentar el emprendimiento en España, se aprobó el Fondo Next Tech, que prevé movilizar hasta 4.000 millones de euros de inversión público-privada para promover el crecimiento de empresas digitales y la inversión en tecnología innovadora de alto impacto, y la línea ENISA, con un presupuesto inicial de 51 millones de euros para financiar proyectos liderados por mujeres emprendedoras y que ha recibido más de 300 solicitudes.

Conectividad ultrarrapida

En 2021, se ha avanzado en la conectividad del país en el marco del plan para el despliegue de infraestructuras digitales. El Gobierno ha resuelto la convocatoria de ayudas del Programa ÚNICO-Banda Ancha, con un presupuesto de 250 millones de euros, para extender la red ultrarrápida (100 Mbps) a 1,3 millones de hogares y empresas en todo el territorio, llegando así al 95% de la población. El objetivo es alcanzar el 100% en 2025. También aprobó la concesión de 95,2 millones de euros para 115 proyectos investigación e innovación en el ámbito del 5G avanzado y del 6G.

Además, el Ejecutivo acordó la distribución territorial de 500 millones de euros para proyectos de conectividad y digitalización hasta 2023. En el marco de la Conferencia Sectorial, se asignaron 360 millones para que las Comunidades Autónomas mejoren la conectividad en hospitales y centros educativos, en polígonos industriales, centros logísticos y empresas, para facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables y para la adaptación de infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios.

En el apartado legislativo, cabe destacar el impulso del Ministerio al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que comenzará la tramitación parlamentaria con el arranque del periodo de sesiones del próximo año.

Digitalización de la administración y las pymes

Junto a la puesta en marcha del Plan de Digitalización de la Administración 2021-2025, el Gobierno ha promovido de manera decidida la digitalización del tejido productivo. En ese sentido, destaca el lanzamiento del programa 'Kit Digital' para impulsar la digitalización de microempresas, pequeñas empresas y profesionales autónomos, que cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros para el periodo 2021-2023.

Por su parte, para impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en Inteligencia Artificial, el Gobierno abrió en septiembre una convocatoria de ayudas de 105 millones de euros destinada a proyectos de I+D en IA y otras tecnologías digitales, y su integración en las cadenas de valor. Se recibieron más de 1.200 solicitudes. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de supercomputación de España, el Ejecutivo aprobó la concesión de una subvención de 22 millones de euros para la puesta en marcha de proyecto Quantum Spain, que desarrollará un computador cuántico de altas prestaciones.

En el ámbito de la extensión de las competencias digitales, se aprobó el plan nacional para garantizar la inclusión digital, reducir la brecha de género y promover la adquisición de conocimientos digitales. También se acordó en Conferencia Sectorial la asignación a las comunidades autónomas de 140 millones de euros hasta 2023 para llevar a cabo acciones de formación y adquisición de competencias digitales en las comunidades autónomas, con especial atención a la formación de mujeres y niñas y los colectivos en riesgo de exclusión social.

Modernización del sector audiovisual

Otra de las áreas en las que se ha avanzado notablemente este año, es el sector audiovisual con la remisión a Cortes del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, que adapta a legislación a la realidad del mercado, en el que han surgido nuevos agentes y servicios audiovisuales impulsados por las tecnologías digitales.

En este ámbito, destaca también el acuerdo del Gobierno para fomentar la internacionalización de la industria audiovisual española. El objetivo es convertir a España en una plataforma de producción audiovisual a nivel mundial y aumentar un 30% la producción en el periodo 2021-2025.

De su lado, en el presente ejercicio se han dado pasos relevantes para desarrollar un mercado de finanzas sostenibles, que pueda canalizar y financiar los esfuerzos inversores en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. En julio, el Tesoro Público lanzó la primera emisión de bonos verdes por importe de 5.000 millones de euros a un plazo de 20 años, que registró una demanda superior a los 60.000 millones de euros.