Ciudadanos vuelve a enmendar a su Gobierno: retocará el decreto medioambiental

MURCIA. Ya van dos enmiendas a su propio Gobierno en menos de un mes. Ciudadanos anunció este martes que pedirá un importante cambio en el decreto medioambiental que elaboró el Ejecutivo regional, formado precisamente por liberales y populares. La formación naranja aboga por que la Comunidad siga ejerciendo como el órgano medioambiental en los municipios con menos de 20.000 habitantes. La norma del Gobierno, que está previsto que este mes se tramite en la Asamblea Regional como proyecto de ley, permitía a los consistorios locales la potestad para evaluar los proyectos de urbanización.

Ciudadanos concede, no obstante, a los ayuntamientos la posibilidad de que puedan ejercer estas competencias y convertirse en 'órgano sustantivo en materia medioambiental' si así lo solicitan. Además de esta enmienda, la formación liberal avisa de que está preparando "otras de carácter más técnico", en las que "buscará de nuevo el consenso político a través del diálogo constante".

Así lo ha anunciado en un comunicado de prensa el portavoz parlamentario naranja, Juan José Molina, que ha manifestado, eso sí, que su formación votará a favor de la reforma del decreto ley 5/2020 de mitigación del impacto socioeconómico de la covid-19 en el área de Medio Ambiente, aprobado por el Gobierno. La norma, que vio la luz en pleno confinamiento, recibió duras críticas de la oposición, que la tachó de "decretazo" y lamentó "una relajación en los controles medioambientales" -una acusación que el Gobierno niega-. PSOE y Podemos ya anunciaron que llevarían el tema al Tribunal Constitucional.

Es la segunda ocasión que Ciudadanos presenta una enmienda a su propio texto. A finales de junio, el grupo parlamentario liberal comunicaba su posición ante uno de los asuntos más controvertidos de la ley de Protección Integral del Mar Menor: los liberales pidieron la ampliación de los 500 metros que establecía el Ejecutivo murciano a los 1.500 metros que reclamaba el PSOE de Diego Conesa. 

Convenio de cesión de competencias

Ahora el partido apuesta por que la Administración autonómica siga analizando los impactos "y emita la declaración ambiental estratégica que concluye el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos", como así explicó Molina. "Bajo supervisión y aprobación de una entidad colaboradora de actuaciones urbanísticas, los ayuntamientos podrán solicitar un convenio de cesión de competencias a la Comunidad", expuso.

Para que los consistorios de menos de 20.000 habitantes puedan ejercer voluntariamente esas competencias, "esa entidad tendrá que verificar los aspectos económicos y técnicos de su solicitud, así como el Gobierno autonómico", apostilla el portavoz.

"Aunque la ley nacional de Evaluación Ambiental de 2013 permite que lo hagan", esgrime Molina, "la también estatal Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que una memoria económica deberá reflejar el impacto sobre los recursos financieros del ayuntamiento afectado y su cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia". Es decir: "Viene a decir que la norma que realice esa atribución debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar en ningún caso un mayor gasto de las administraciones públicas".