Fotos: MARCIAL GUILLÉN (EFE)
MURCIA. Después de casi tres años desaparecido de la vida pública, Pedro Antonio Sánchez (PAS) reaparece de nuevo en Murcia. Con rostro muy serio, enfundado en un traje azul marino sin corbata y escoltado por sus abogados, el expresidente de la Comunidad (2015-2017) llegaba al Palacio de Justicia para sentarse en el banquillo de los acusados del llamado 'Caso Auditorio', la causa judicial que desencadenó el inicio de su salida de la política. No quiso hacer declaraciones ante la prensa y cruzó directamente la puerta de la Audiencia Provincial para acudir, puntual, con la cita ante el tribunal. Después, sentado en el banquillo, sí aceptó responder a todas las preguntas, salvo las de la acusación popular.
La primera sesión comenzó con los trámites formales, como la constitución de la mesa. Pero también se decidieron medidas importantes. Las acusaciones, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, acordaron la retirada de uno de los tres delitos a los que se enfrentaba Pedro Antonio Sánchez: el delito de fraude de subvenciones por el solicitaban a PAS dos años años de cárcel y una sanción de seis millones de euros. Se mantienen, por tanto, los otros dos: fraude y prevaricación continuada, cuyas penas conllevarían dos años y medio de prisión.
El fiscal Juan Pablo Lozano pidió "por estrictica legalidad" la retirada de ese delito imputado a Sánchez, con arreglo a una sentencia del llamado 'Caso La Muela', que recoge que únicamente los hechos podrían ser constitutivos de delito en la fecha de los hechos. "Sin embargo, una reforma del año 2010 (vigente hasta el 2019) incluyó una modificación para el aspecto actividad privada subvencionable, aprobada con posterioridad a los hechos que se juzga, por la cual ese delito solo se produce cuando quien lo comete es un particular y la perjudicada es la administración pública. Por ello, el Supremo absolvió a un imputado por fraude de subvenciones en la sentencia del 'Caso La Muela' considerando que los hechos constituidos de delito lo eran en el momento pero en "el procedimiento se debe aplicar una ley penal intermedia de modo retroactivo", esgrimió, remarcando que son cuestiones de "legalidad, y no valorativas de pruebas". A la petición del Ministerio Público se adhirieron la acusación popular (PSOE y Podemos) y la particular (el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras).
Con esta decisión, se reduce a la pena total a la que Sánchez se enfrentaba, que ascendía a cuatro y medio de prisión, solicitada por la Fiscalía, por presunta comisión de los delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude durante la tramitación de la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras en la época en que era alcalde de esa localidad (lo fue entre 2003 y 2013, hasta que dio el salto a la Comunidad como consejero de Educación). El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Pablo Lozano, también reclamaba para PAS 19 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de seis millones de euros (esta última ahora ya se retira).
Tras la celebración del receso, a las 13.10 horas fue el turno de la declaración del acusado Pedro Antonio Sánchez, que decidió aceptar las preguntas de las partes, salvo la de la acusación popular. El fiscal inició el interrogatorio y lo hizo empezando por aspectos meramente formales (cuántos años fue alcalde, licenciatura y si tuvo cargo público antes de ser regidor) ante de inquirirle por cómo conoció la subvención de la Comunidad para el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras. "Se materializó a través de un convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento. No es una convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos presenten proyectos. En este caso no fue así. El procedimiento de aquella época era una concesión de convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento", respondió PAS.
El expresidente sostuvo también que quiso retrotraerse "hasta donde la memoria" le "permita" para explicar sobre cómo conoció a Lejarraga. "Le conocí siendo yo alcalde en un certamen artístico, el Explum. Recuerdo que me dijo que había apostar por que crezca la cultura en infraestructuras, algo que estaba incluido en el programa electoral". Y él, añade, se ofrece a dar ideas. "A partir de ese momento, por iniciativa profesional del arquitecto, propuso documentos con esas ideas que podían ser buenas para Puerto Lumbreras". El entonces alcalde quiso recalcar que "nunca hubo un encargo" a Lejarraga. "Absolutamente nunca hubo un encargo por parte del Equipo de Gobierno. Nunca hubo un contrato, y nunca hubo un pago", subrayó. "Y desde entonces no mantengo reuniones de trabajo con arquitecto. El concejal de Obras me dice que han propuesto ideas para hacer un auditorio", agregó.
A pesar de que Sánchez asevera que nunca hubo un documento oficial que acredite un encargo, el fiscal ha mostrado al tribunal un anuario de la localidad, publicado en septiembre de 2005, en el que se recoge que "el Ayuntamiento ha encargado un proyecto al señor Lejarraga para construir un teatro-auditorio". PAS, con el anuario en la mano y dirigiéndose al fiscal, replicó: "Si me lo permite, esto no es ningún documento oficial. Esto es publicidad". El fiscal arguyó que el alcalde "sale en el 80% de las páginas".
El exmandatario justifica que "el 90% de los casos de la labor de un alcalde es 'adjuntar, remitir' los documentos que recibe" y afirmó: "No redacto la carta. Mi firma es ordinaria, normalizada. No leo los documentos, porque son instancias diarias", dijo, en referencia a una misiva con el nombre del anteproyecto del auditorio. Y defendió que no es su función revisar el registro del Ayuntamiento, "ni comprobar qué documentos tienen el sello o no". Y espetó: "Imagínese si el alcalde se tiene que dedicar eso. Ese documento pasaría por la Concejalía oportuna". Y argumentó: "La Alcaldía no es un órgano administrativo que prepare expedientes. En los ayuntamientos pequeños las cosas van de una mesa a otra, sin comunicaciones internas".
Esta causa penal se remonta a febrero de 2015, cuando la Fiscalía presentó una querella por presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras. Fue justo un mes antes de que fuera designado como candidato del PP para la Comunidad, entonces presidida por Alberto Garre tras la marcha un año antes de Ramón Luis Valcárcel. Desde entonces comenzó un calvario judicial al que se le añadirían otras dos causas diferentes (hoy archivadas): el 'Caso Pasarela', por el que acabó absuelto en 2018 tras superarse el plazo de para culminar la instrucción; y el 'Caso Púnica', archivado en 2020 por la Audiencia Nacional. PAS dimitió en abril de 2017, cuando la oposición se puso de acuerdo para presentar una moción de censura tras estrecharse el cerco judicial sobre el jefe del Gobierno regional.
El juez Juan del Olmo, el mismo que instruyó los sumarios de los atentados del 11-M en 2004, preside el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Están previstas que se celebren otras catorce sesiones más, a lo largo de octubre y noviembre (la última, antes de dictar sentencia será el 29 de noviembre), con la participación de 42 testigos y una decena de peritos. PAS cuenta en su defensa con el decano del Colegio de Abogados Francisco Martínez Escribano (que le ha defendido durante el proceso de instrucción) y el letrado José Antonio Choclán Montalvo, conocido magistrado en excedencia (él escribió la sentencia que condenó a Mario Conde) y que por sus manos han pasado casos mediáticos como el de Cristiano Ronaldo.
No sólo está encausado el expresidente murciano. Hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno. Para el arquitecto pesa una acusación de dos años y tres meses de prisión y 17 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación continuada, prevaricación y fraude. Para la secretaria municipal piden por los mismo delitos una pena de dos años y tres meses de cárcel y 16 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Y para el responsable de la empresa constructora, solicitan dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación especial para empleo cargo público así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena, cualquier contratación en el ámbito municipal, autonómico y estatal.
