MURCIA. La ley Crea y Crece, el reglamento de la ley antifraude, la Ley de Startups, la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario… son solo algunas de las leyes que atañen al emprendimiento y que podrían entrar en vigor a lo largo de 2023, un año que se presenta intensivo en materia de legislación.
Dentro de lo que se conoce como el ecosistema emprendedor, la más celebrada de todas corresponde a la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida por la Ley de Startups, pendiente aún de su aprobación en el Senado después de que recibiera luz verde por parte del Congreso de los Diputados. Se trata de una iniciativa pionera dentro del entorno europeo con la que se pretende establecer un marco jurídico más ajustado a la realidad de las startups a la vez que pone en valor su contribución a la economía general y a la innovación.
Justo es también destacar que, aunque no guste a todos y haya margen de mejora, la ley ha procurado el consenso del ecosistema de emprendedor en cuanto a la propuesta de las medidas que impulsa esta Norma. “Creemos que es una norma con una enorme importancia no solo para las startups, sino de cara a transformar y garantizar un tejido empresarial más sólido a largo plazo en España, en línea con países de nuestro entorno” reconocen en un comunicado conjunto suscrito por AES (Asociación Española de Startups), Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), Spaincap (Capital por un Futuro Sostenible), Endeavor, Fundación Cotec, Startup Valencia, South Summit, Tech Barcelona y AseBio (Asociación Española de Bioempresas).
Asimismo, Pol Gomà, cofundador de Capboard.io sostiene: "La Ley de Startups nace para dar una mayor cobertura legal y respaldo económico a las empresas emergentes de base tecnológica para ayudar a construir un ecosistema empresarial capaz de convertirse en el motor de la modernización de la economía. En definitiva, es una nueva ley que pone a España a la vanguardia en el impulso de este ecosistema".
El proyecto de Ley de Startups comprende un paquete de 50 medidas que los expertos de Capboard condensan en 6 pilares: acelerar el crecimiento de las inversiones en startups aumentando la deducción del 30% al 50% de la cantidad invertida, además de aumentar el límite de 60.000 a 100.000 euros; fomentar la escalabilidad de las empresas; invertir en un ‘sector público emprendedor’; reducir la carga fiscal para las empresas emergentes, y captar y retener el talento. Con relación al último punto, se espera también la entrada en vigor de un nuevo tratamiento fiscal y visado especial para los nómadas digitales internacionales que opten por establecerse en nuestro país.
Junto a esta medida, el Gobierno ha puesto en marcha otros proyectos con los que dice querer mejorar ‘el clima’ de los negocios en España, estas con carácter general. Una es la Ley Crea y Crece, aprobada ya también en el Congreso de los Diputados. La intención es fomentar el dinamismo del tejido productivo reduciendo obstáculos regulatorios e impulsando el crecimiento además de luchar contra la morosidad. Todo esto que, a priori, suena bien, empieza a preocupar a aquellas empresas que todavía carecen de un ERP o un software que les permita emitir y recibir las facturas de forma electrónica en cada una de las cuales deberá figurar, también, la fecha de vencimiento. La facturación telemática será una imposición para todos cuando entre la Ley en vigor aunque se espera que la aplicación sea paulatina antes de llegar a los autónomos.
Otro aspecto relativo al tema de la facturación que observa Èlia Urgell Riera, senior Product Manager de Wolters Kluwer, es que a partir de la vigencia de la ley será imposible renegociar precios o modificar las facturas cuyo contenido quedará bloqueado automáticamente. “Es decir, factura emitida, será factura bloqueada, enviada a Hacienda y trazable”, asegura.
Relacionada con la anterior está el Reglamento de la ley antifraude con el que se pretende acabar con el fraude fiscal. Además de prohibir la tenencia de un software de doble uso o doble contabilidad, las empresas deberán asegurarse de contratar un software de facturación adaptado y, en algunos casos, certificado.
Otra ley calificada de pionera y cuya aplicación se espera para el próximo año corresponde a la nueva legislación contra el desperdicio alimentario, esta articulada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Afecta a toda la cadena, desde los productores hasta los distribuidores y comercializadores además de a todos los negocios del sector de la restauración.
Como señala Josevi Villarroig, COO de Naria, la Ley establece que todos los agentes involucrados en la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio y que los excedentes no terminen en la basura. La Norma y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento conforme a la cual serán las personas los primeros destinatarios de esos excedentes mientras los alimentos estén en buen estado. En caso de no ser así, irán a parar al consumo animal y, en último término, convertirlos en subproductos para otra industria o aprovecharlos mediante reciclado y compost para su uso en suelos.
Para todo ello, habrá que llegar a acuerdos o convenios para donar los excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
También a favor de un consumo más responsable y sostenible, se aprobó la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 de un nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables en España. Se trata de un nuevo impuesto medioambiental del que ya da explicaciones la Agencia Tributaria en su página web habida cuenta de la complejidad que han expresado algunas empresas para adaptarse a la regulación. Según algunos, exige una trazabilidad rigurosa de los movimientos y la cantidad de plástico aplicado a cada movimiento y a cada modelo de negocio de las compañías afectadas.
