El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. La Audiencia de Valencia ha confirmado que el expresidente de la Generalitat y exministro cartagenero Eduardo Zaplana se sentará en el banquillo por el conocido como caso Erial. En una resolución en la que rechaza los recursos del también expresidente de la Generalitat y otros seis acusados, la Sala ratifica el auto de procedimiento abreviado del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia –aquel equivalente al procesamiento que pone fin a la instrucción–. La jueza dictó recientemente la apertura de juicio oral, de manera que con este nuevo pronunciamiento se agotan las vías de Zaplana para intentar evitarlo.
La causa lo sitúa a él y a los principales acusados en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su círculo de colaboradores las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, Anticorrupción pide 6 años.
La Audiencia considera en su resolución que existen suficientes indicios de criminalidad contra los acusados que justifican la apertura de juicio y que las diligencias practicadas hasta la fecha también la fundamentan. El relato del auto que recurren y que ahora ha sido ratificado, contiene en opinión de la Sala los hechos delictivos que se les imputan y su detalle. Concretamente, la jueza apunt a los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.
El pronunciamiento no sólo resulta de importancia porque supone que Zaplana y el resto de acusados se vayan a sentar en el banquillo, sino porque avala la investigación del caso Erial. El exministro había pedido la nulidad de varias pruebas que sustentan las indagaciones. Entre ellas, los audios o los famosos 'papeles del sirio' que dieron origen a la causa. Una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado del exgerente de Imelsa Marcos Benavent durante un registro en 2015 en el marco de otro caso de corrupción, Taula.
La Audiencia no entra a valorarlas y explica que no corresponde a este momento procesal sino que se debe de hacer en el juicio durante el planteamiento de las cuestiones previas por parte de las defensas.
"La cuestión de si concurren o no todos los elementos del tipo por el que finalmente se formule acusación ha de quedar necesariamente diferida a la valoración definitiva de pruebas tras su práctica en el acto de juicio oral". De hecho, sólo en el caso de que fuesen radicalmente inexistentes los hechos que se imputan, que de ninguna manera pudiera establecerse relación de autoría, complicidad o encubrimiento o que de ninguna manera soportaran calificación penal, cabría apreciar fundamento en el recurso", razona la Sala.
