MURCIA. El Gobierno central pisa el acelerador en la aprobación de nueva normativa y si hace unas semanas dio luz verde a la nueva Ley de Industria, ahora saca adelante un nuevo texto sobre movilidad sostenible. Así, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días la tramitación de Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo de que entre este año.
"Esta ley es necesaria porque la movilidad representa uno de los sectores económicos más importantes del país, con mas de 800.000 empleados, más del 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares, con más de 5.000 millones de viajes realizados en transporte colectivo cada año", destacó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Bajo esta Ley se contemplará el nuevo mapa concesional de autobuses de largo recorrido, que simplificará las rutas para hacer el sistema más eficiente, pero garantizando la movilidad de los ciudadanos. También se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que tiene el objetivo de reforzar la cooperación entre las distintas administraciones.
Asimismo, se recoge que las empresas con más de 500 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible al trabajo, que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deberán dotarse de planes de movilidad urbana o que las empresas de transporte tendrán que calcular su huella de carbono y trasladar esa información a los usuarios, entre otras cuestiones.
De esta forma, el Ejecutivo sienta las bases de esta ley sobre cuatro pilares fundamentales que emergen de necesidades y retos en materia de movilidad a los que se enfrenta la sociedad española. En ese marco, el texto persigue facilitar la movilidad de los ciudadanos, sin dejar de lado la adaptación de los sistemas de transporte para responder al gran reto climático al que se enfrenta la sociedad. La nueva normativa contempla también aspectos como el marco jurídico relacionado con la digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al sector, así como la generación de mayor valor social a través de las inversiones públicas que se lleven a cabo.
Los objetivos de la nueva Ley de Movilidad Sostenible buscan cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión Europea en relación con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) en el que se enmarca el texto.
Según explican desde el Mobility Innovation Valencia (MIV), esta norma sitúa a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas a través de la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible con el objetivo de reforzar "la movilidad como derecho social". Esta nueva estructura de gobernanza contará con toda una serie de mecanismos de colaboración gubernamental entre los que se encuentra un órgano de cooperación entre administraciones en materia de transportes y movilidad, así como un órgano de consulta, que una a las administraciones con el sector y la ciudadanía, entre otros.
A su vez, el Ejecutivo busca consolidar la inclusividad como base de la movilidad sostenible a través de la adaptación de la movilidad al entorno y a la ciudadanía en todas sus formas para dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana y facilitar una movilidad inclusiva y universal. De esta manera, la ley también abre la puerta a otras formas de provisión de movilidad alternativas que engloban tanto los sistemas de transporte público, como los sistemas privados de movilidad colaborativa o los servicios de movilidad compartida.
Sin duda, la lucha contra el cambio climático ocupa un papel destacado en el proyecto de ley. En esta línea, impulsa una movilidad limpia, especialmente en las ciudades, a través de una serie de medidas en relación con las infraestructuras y equipamientos del sistema de transporte, así como el uso de fuentes energía alternativas, especialmente en puertos y aeropuertos.
En cuanto al papel de las administraciones públicas deberán promover la implantación de medidas de gestión energética y ambiental que faciliten la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como promocionar los medios de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos, como la movilidad a pie o la bicicleta.
Asimismo y por tratarse de un servicio de primera necesidad, el transporte de mercancías también cuenta con un paquete de medidas específico para asegurar sus sostenibilidad y competitividad.
Con todo ello, la nueva norma contempla el actual contexto de digitalización y automatización en el que se encuentra sumergido el sistema de movilidad y transportes. De esta manera, se aborda la regulación de la digitalización del transporte para facilitar la gestión de las políticas públicas a través de la información en formato digital.
En esta misma línea, se aborda el desarrollo de aplicaciones que faciliten a la ciudadanía la planificación de sus viajes, así como la mejora de sus condiciones, o la creación de nuevos negocios a partir de los datos generados por el ecosistema del transporte. En este sentido, la Ley de Movilidad Sostenible también contempla el fomento del uso de datos para otros fines de interés general que puedan surgir.
En cuanto al fomento de la innovación, promueve la creación de un mecanismo de seguridad que otorgue un entorno de pruebas acotado a los promotores de aquellos proyectos innovadores en movilidad junto con la participación de las administraciones implicadas para facilitar su llegada al mercado. Asimismo, introduce la regulación del vehículo automatizado, con objeto de facilitar su introducción progresiva de forma segura.
En última instancia, la ley busca consolidar un sistema de financiación de transporte público colectivo urbano de viajeros que se fundamente en la estabilidad y la eficiencia a través de la financiación de proyectos centrados en la sostenibilidad y digitalización de la movilidad en las ciudades; o la regulación de las obligaciones de los servicios públicos estatales en el transporte, así como su seguimiento, con el objetivo de lograr la eficiencia en el sistema de transportes, explican desde el MIV.
También mediante el refuerzo de la planificación de las infraestructuras de transporte, de la misma manera que de los criterios de priorización para las inversiones que acometa la Administración General del Estado; y la creación de herramientas para la mejora de la transparencia y la participación ciudadana, entre las que se incluye el mejor desarrollo de la web del MITMA.