Acecho a la quema de rastrojos en la Región: solo se podrá hacer con un informe individualizado 

MURCIA. La Región de Murcia quiere evitar definitivamente las tan temidas quemas agrícolas que pese a estar prohibidas siguen realizándose en muchas zonas de la comunidad y que generan episodios de contaminación atmosférica por humos. Para ello se ha lanzado una nueva Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca que las prohíbe.

La única autorización que se otorgará es "como medida fitosanitaria para evitar la propagación de plagas, reducir su población, mitigar sus efectos o conseguir su erradicación de los organismos nocivos". Y en este punto hay una importante novedad, que para poder hacerla es obligatorio presentar "una Declaración Responsable que se acompañe de un informe técnico de asesor en Gestión Integrada de Plagas, como actuación previa a la realización de esta medida".

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, destaca que "de esta forma queda claro que quemar está prohibido y que el Gobierno regional hace una firme apuesta por la trituración, ya que la única excepción para la quema es que exista un riesgo que ponga en peligro determinados cultivos, y siempre y cuando no se pueda eliminar mediante otro método".

La nueva Orden, de 30 de diciembre de 2020, modifica a la anterior, de 19 de octubre de 2017. El Gobierno regional estimó, en base a las actualizaciones técnicas y científicas producidas, la necesidad de modificarla para actualizar los cultivos y organismos nocivos para los que la quema controlada 'in situ' de restos vegetales de poda se considera de carácter excepcional.

La Orden publicada en el BORM recoge un modelo de Declaración Responsable que los agricultores deberán presentar en la Consejería de Agricultura para acreditar la existencia del riesgo fitosanitario de la explotación por la propagación de plagas de los restos vegetales existentes en las mismas, así como la imposibilidad de su eliminación mediante otros sistemas alternativos prioritarios como su valorización por gestor autorizado o su incorporación al suelo mediante triturado o picado, entre otros.

Esta Declaración Responsable deberá acompañarse obligatoriamente de informe técnico emitido por un asesor en Gestión Integrada de Plagas, inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), en el que quede justificado el concreto riesgo fitosanitario de la explotación.

Además, deberá incluir los datos del titular de la parcela, las referencias SIGPAC y paraje, la superficie, la fecha de inspección, los cultivos afectados, la justificación razonada, los cultivos colindantes que pudieran verse afectados, así como el nombre del Asesor en Gestión Integrada de Plagas que firma el documento.

Por último, y también como novedad, se establecerá un programa de control sobre las declaraciones responsables presentadas y los informes justificativos emitidos por los asesores de Gestión Integrada de Plagas, que incluirá un porcentaje de controles 'in situ' para comprobar el cumplimiento de la presente Orden, la existencia de un riesgo fitosanitario de los cultivos y organismos nocivos.

Oposición del PSOE: "Sin suficiente rango legal"

El PSOE cree que esta nueva orden carece del suficiente rango legal. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Dolores Martínez Pay lamentaba que la nueva orden deja "en manos de los ayuntamientos una materia para la que realmente no tienen competencias".

El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que presentó un proyecto de ley de gestión de residuos agrícolas el pasado 9 de diciembre en la Asamblea y que la petición fue rechazada por el Partido Popular, por lo que Martínez Pay lamenta que la comunidad decidió "envenenar" el aire que se se respira en la Región.