La tiranía de los hechos

CARTAGENA. El método científico incluye en su panoplia de armas para investigar un principio de una ramplonería vergonzante para cualquier alma poética: el de la tiranía de los hechos. Si las ulteriores observaciones y los resultados de los experimentos no cuadran con las predicciones de una teoría, hay que modificar o ampliar la teoría y, si fuese preciso, descartarla. Cualquier propagandista sabe que su éxito depende, en buena medida, de acomodar la presentación de los hechos a los intereses de sus contratantes y, si fuese preciso, ocultar directamente los datos incómodos o, peor aún, tergiversarlos. Tampoco es que los científicos ignoren esas mañas y, ocasionalmente, las emplean para prosperar profesionalmente, pero esos trucos solo duran si el tema bajo debate es trivial, que no sí el falso enunciado es muy importante, porque entonces una legión de colegas se lanza de inmediato a contrastar la afirmación y no tardan en descubrir que no se adecua a la realidad. Gracias a eso, en ciencia solo suelen sobrevivir los tránsfugas que llevan razón, siendo los demás arrinconados por la comunidad científica. Ese positivo resultado deriva de la libertad de investigación y de expresión de los investigadores, que no de ningún pacto antitransfuguismo firmado entre los rectores, o entre los líderes sindicales.

Algunas frases célebres expresan ese espíritu, como "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero", o "buen amigo es Platón, pero mejor amigo es la verdad". El refranero español nos dice que "obras son amores, que no buenas razones" y, si para el bolchevique Lenin "los hechos son tozudos", para el ficticio pícaro Blas Gil "los hechos hablan". Llevan razón.

"Si se quiere un verdadero pacto contra tránsfugas no habrá otro remedio que incorporarlo a la legislación electoral"

La tesis de que el pacto antitransfuguismo carece de fuerza legal y no lo cumple nadie ha sido medio aceptada por los observadores más realistas; la recomendación de que lo mejor sería olvidarse del pacto y aceptar sin más la libertad de conciencia de los diputados ha sido, por el contrario, criticada por prestigiosos analistas y varios de mis amables lectores. No obstante, lo cierto es que todos los partidos en liza, incluidos Podemos, Cs y Compromís, han aprovechado, e incluso buscado, los votos de los que ellos mismos califican de tránsfugas. Así pues, no solo han obviado el pacto los sospechosos habituales, el PSOE y el PP, sino también esos nuevos partidos tan prometedores y regeneradores.

El pacto es estéril y el motivo es obvio: la Constitución afirma, en su artículo 67.2, y nuestro estatuto de Autonomía reitera, en su artículo 25.1, que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno, lo que cuadra mal con la noción de que están obligados a votar lo que digan sus dirigentes. Nada ilegal, pues, que a veces voten de otro modo. Y nada extraño que lo hagan.

Se ha defendido el pacto recordando que las listas electorales son cerradas, lo que implicaría que el elector no votaría a ninguna persona, sino a un partido, pero eso choca con la sentencia del Tribunal Constitucional según la cual el escaño pertenece a la persona, no al partido. Extremar la idea de la obediencia obligada conduciría a aceptar que los candidatos concretos carecerían de importancia, y solo importarían las siglas, lo que impediría que los partidos fuesen los medios de participación política ciudadana que la Constitución prevé. En suma, iría contra la misma esencia de la democracia representativa.

Una amiga socialista me ha indicado que mi propuesta facilitaría que algunos diputados subastasen el sentido de su voto. Estaríamos entonces ante un delito de cohecho, que ya está legalmente penado sin necesidad de pacto alguno; además, a veces el diputado podría ser presionado o sobornado para votar a favor de la línea de su partido, como en el caso de una ley injusta a la cual le gustaría negar su voto. Habría cohecho, pero no transfuguismo. Muy raro. Corolario: lo grave es el cohecho, mientras que el transfuguismo no pasa de trampantojo. Sin añadir nada a lo ya previsto por el código penal, el pacto resta credibilidad ya que nadie lo cumple. Mejor dejarlo.

Unos terceros defienden el pacto señalando que su texto está repleto de frases conmovedoras y buenas intenciones. En efecto, es buena literatura, pero de ficción. En una democracia viva solo valen los pactos basados en la Constitución y acordes al Código Penal. Si se quiere un verdadero pacto contra tránsfugas no habrá otro remedio que incorporarlo a la legislación electoral, a los estatutos de autonomía, a los reglamentos de los parlamentos y, eventualmente, al código penal. Lo demás, pura propaganda. Como veremos en el siguiente pasico, ese tipo de normas coercitivas operan en los ayuntamientos, lo que probablemente perjudique, en esta ocasión, al alcalde Ballesta.

JR Medicina Precioso

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