Foto: GUARDIA CIVILGestionaban cerca de 600.000 kilos de compresores sin descontaminar procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos
MADRID (EP). La Guardia Civil ha investigado a un total de 22 empresas situadas en las provincias de Alicante, Valencia, la Región de Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuados de contaminación por medio del tratamiento y comercialización incorrecta de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos. Entre esas 22 sociedades investigadas, seis de ellas están ubicadas en la Región de Murcia.
Las distintas compañías habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2 debido a que gestionaban residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos de forma irregular, lo que provocaba la emisión de gases de efectos nocivos.
En el marco de la operación 'Redivivu' a escala nacional e internacional, llevada a cabo durante más de un año por el Seprona, los agentes han examinado documentación que indica que casi 600.000 kilos de compresores han sido enviados a Pakistán sin que se pueda acreditar una correcta descontaminación.
Además, los investigadores han localizado más de 133.000 kilos de compresores (15.019 unidades) en las empresas inspeccionadas de Alicante, Valencia, Región de Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca. La suma total de los compresores enviados a Pakistán y los encontrados en territorio nacional supondrían una emisión aproximada de 35.385 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La investigación comenzó el febrero del pasado año 2020 durante la inspección a una empresa gestora de residuos, cuando los agentes descubrieron que el tratamiento y comercialización que daban a los componentes procedentes del tratamiento para la descontaminación de aparatos eléctricos o electrónicos era totalmente incorrecta, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
Los agentes sospechaban que podría haber más empresas implicadas, por lo que se decidió investigar los lugares de origen y tránsito de estos y otros residuos, así como el destino final de los mismos. En total, se inspeccionaron 43 empresas en las provincias de Alicante, Valencia, Región de Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.
En muchas de ellas se localizaron compresores sin descontaminar y que no contaban con las autorizaciones preceptivas para el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Sin embargo, el método más habitual fue el de la "canibalización", que consiste en desmontar los aparatos rompiéndolos de forma abrupta o cortando directamente los tubos de los frigoríficos para conseguir sacar el cobre u otras piezas de valor del interior.
Del estudio de la documentación, los agentes comprobaron que el destino de los compresores era Pakistán, donde finalmente se les valoraría en una planta de desmantelamiento para su posterior fundición.
La Guardia Civil ha explicado que la rotura de los compresores de aparatos eléctricos o de otros componentes sin las herramientas adecuadas provoca el escape de gases contaminantes a la atmósfera y el vertido al suelo y subsuelo de aceites peligrosos, con el peligro que ello conlleva. Además, provoca que su reutilización sea "prácticamente inviable".
A modo de ejemplo, añade, un frigorífico consta de un circuito cerrado para su funcionamiento, y siempre que se libera dicho circuito extrayendo el compresor, se emite a la atmósfera aproximadamente un 30 por ciento de los gases del aparato. Para la extracción de los compresores de los aparatos de aire acondicionado, si se realiza conforme a la ley, es probable que no emita gases a la atmósfera, ya que poseen una bomba de vacío y válvula para extracción. En concreto, una máquina de aire acondicionado posee aproximadamente 700 gramos de gases.
Todas las conductas descritas anteriormente son consideradas potencialmente peligrosas por la composición de las emisiones y vertidos, administrativamente prohibidos, y, además, porque tales agresiones medioambientales han podido ocasionar importantes efectos nocivos.
En total, la Guardia Civil ha investigado 22 empresas situadas en las provincias de Alicante (6), Valencia (4), Región de Murcia (6), Almería (2), Málaga (1), Albacete (1), Ciudad Real (1) y Mallorca (1) como presuntamente responsables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, por actos continuos de contaminación con provocación o realización directa o indirecta de emisiones o vertidos a la atmósfera y al suelo, subsuelo, prolongados en el tiempo, idóneos para originar un riesgo grave para el bien jurídico protegido, así como una inadecuada gestión, control y/o vigilancia de residuos peligrosos.
En cuanto a otras normativas fuera del Código Penal, se han cometido infracciones a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, regula la Comercialización y Manipulación de Gases Fluorados, así como disposiciones de rango superior como las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea o inferior como Normativa Autonómica o Local.
Las actuaciones se han realizado en coordinación con el Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en Alicante. El estudio de los traslados transfronterizos de residuos se encuentra dentro del marco del protocolo para el procedimiento operativo de colaboración entre la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las muestras tomadas del contenido de aceite en compresores han sido remitidas para su análisis por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.
Asimismo, previa solicitud, se han realizado informes periciales por parte de la Unidad Técnica de la Oficina Central de Medio Ambiente y por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Igualmente, se ha contado con la colaboración de la Aduana de Alicante y de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, en concreto de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana.
