Foto: CGPJMURCIA (EP). El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha dejado claro que los jueces "no van a reponer a su estado original el Mar Menor" y que "nos enfrentamos a un fracaso colectivo". "Constatar tal fracaso colectivo no puede amparar ni exonerar de culpa a quienes hayan cometido acciones u omisiones individualizables constitutivas de delito", señala.
Se trata de la primera valoración que realiza el presidente de dicho organismo judicial tras ocurrir el episodio de anoxia que llevó a la muerte de centenares de peces en la laguna el pasado mes de octubre y que hizo reaccionar a partidos, organizaciones y a la sociedad en general, que salió en manifestación tanto por Murcia como por Cartagena, reclamando soluciones.
Entiende que esa debe ser la tarea de los juzgados y tribunales. "La persecución penal de estas conductas individualizadas probablemente contribuya a que no vuelvan a repetirse por los mismos que las han cometido (es lo que llamamos prevención especial del Derecho Penal), o por otras personas en el futuro (lo que conocemos como prevención general)", dice.
Pasqual del Riquelme, en una entrevista concedida a Europa Press, ha reconocido la condición de "macrocausa" que, por su volumen y complejidad, supone el asunto del Mar Menor y ha apuntado que "endosar a la vía penal la solución de todos los problemas, o la gestión de los fracasos no resueltos en otros ámbitos a los que correspondía hacerlo es una forma torpe de ocultar, al final, la incapacidad propia o la incapacidad colectiva". Refiriéndose, en concreto, a la laguna subraya que la vía penal "no solucionará el problema en su raíz, no dará las soluciones medioambientales, técnicas y urbanísticas que necesita".
Considera pues un "error" el hecho de que la sociedad "ponga todas sus esperanzas en la vía penal, que no puede ser ni la única y, además, no es la mejor para solucionar un problema de esa naturaleza y envergadura".
Aunque, ha matizado que "el Derecho Penal sí que es la vía adecuada para identificar responsabilidades penales individualizadas, si las hay, pero los jueces no van a poder por sí solos reponer el Mar Menor a su estado original, aquel con el que todos estamos emocionalmente vinculados".
Y es que, ha señalado irónicamente, se trata de un problema muy complejo y "como todo problema complejo tiene una solución sencilla y equivocada". "En el proceso de degradación del Mar Menor han podido incidir muchos factores y tengo la impresión de que nos enfrentamos a un fracaso colectivo", ha argumentado.
"Pero esa constatación no puede, sin embargo, amparar o exonerar la eventual responsabilidad de quienes hayan cometido acciones u omisiones individualizables que hayan concurrido en ese proceso de degradación ambiental", ha manifestado el presidente del TSJ de Murcia, que puntualiza que "el derecho penal no debería ser la única respuesta a un problema tan complejo, ya que tenemos la vía administrativa, la legislación civil, toda la regulación urbanística, medioambiental, agrícola".
Ha insistido en que el derecho penal es "también uno de esos instrumentos de los que disponemos, pero no es el único, ni debe ser el primero". El derecho penal ha de ser la última ratio, la última trinchera.
De otra forma, reconoce temer que la solución que se pueda dar "genere frustración, cuando no incluso indignación", el día en el que los jueces penales "den la respuesta jurídico penal que están obligados a dar y no la solución integral que todos ansían".
Para poder gestionar judicialmente esta macrocausa, Pasqual del Riquelme ha adelantado que se ha reforzado el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia con un segundo juez, de forma que el titular de dicho órgano "pueda gestionar, de manera exclusiva, este asunto y ello permita agilizar lo máximo posible la respuesta penal que haya que dar, tratando de que esto no afecte al resto de actividad del juzgado".
La Sala de Gobierno del TSJ entendió, según ha revelado, que el asunto tiene "entidad compleja" por su volumen, de manera que, durante un primer periodo de seis meses, prorrogable según evolucione el trámite, el juez Ángel Garrote estará liberado de su trabajo ordinario. "Toca apoyar al juez para que pueda contribuir a dar esa respuesta", ha concluido.
