MURCIA. La Consejería de Presidencia y Hacienda, a través de la Dirección General de Función Pública, va a proponer este jueves a las principales organizaciones sociales de la Región prorrogar hasta enero de 2021 el acuerdo para que los empleados públicos de la Comunidad que cumplan determinados requisitos puedan acogerse a la modalidad de teletrabajo, informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
En un principio, el acuerdo se encuentra vigente hasta el 15 de septiembre, para facilitar la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos y proteger a los colectivos considerados vulnerables. Sin embargo, ante la evolución de la pandemia y los nuevos rebrotes surgidos, la Consejería ha considerado oportuno alargar su vigencia.
La directora general de Función Pública, Carmen Zamora, abordará esta posible prórroga con los sindicatos este jueves, 3 de septiembre, en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios. De producirse el apoyo a la medida, deberá ser ratificada posteriormente por el Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) para su entrada en vigor.
Con esta prórroga, el personal empleado público acogido al teletrabajo seguiría desarrollando su labor desde sus viviendas en las mismas condiciones en las que lo vienen haciendo. Así, la orden que regula el teletrabajo establece la posibilidad de que los empleados públicos con niños menores de 14 años o personas dependientes a su cargo puedan realizar entre el 20 y el 80% de su jornada desde sus domicilios.
Por su parte, las personas pertenecientes a colectivos vulnerables y a quienes el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales haya recomendado no acudir presencialmente a sus puestos de trabajo pueden también acogerse al teletrabajo que, en su caso, puede comprender hasta el cien por cien de su jornada.
El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha indicado que esta prórroga "permitiría compatibilizar la protección de los empleados públicos y los usuarios mientras se garantiza al mismo tiempo la prestación de los servicios públicos de la Administración regional".
Además, "supone un impulso a la conciliación, que en estos momentos es especialmente relevante", ha apuntado Celdrán, tras afirmar que "en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, hemos entendido que debíamos flexibilizar las opciones para nuestros empleados públicos, y por eso vamos a pedir a los sindicatos que apoyen nuestra propuesta".
Actualmente son 1.212 los empleados públicos de la Administración regional que están desarrollando su actividad en la modalidad de teletrabajo. Un total de 1.101 desarrollan entre el 20 y el 80% de su jornada desde casa, mientras que hay 111 que cumplen el cien por cien de su jornada desde sus domicilios. La mayoría son mujeres: 795, frente a 417 hombres.
Igualmente, 676 de estos funcionarios están teletrabajando por necesidades de conciliación, 315 por ser personas vulnerables o pertenecientes a colectivos de riesgo, y otros 221 para reducir la ocupación simultánea en despachos compartidos en los que por su tamaño o distribución espacial no se puede garantizar la distancia de seguridad.
Además, la Consejería de Presidencia y Hacienda está trabajando ya en una regulación estructural del teletrabajo que lo consolide en el ámbito de la Administración pública regional.
Este borrador se negociará con las organizaciones sindicales una vez que el Gobierno central cierre el texto del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el que se van a sentar las bases de la normativa básica sobre el teletrabajo en el ámbito nacional.
