MURCIA. No está de acuerdo la patronal de empresarios regional, Croem, con López Miras en cuanto a cesar toda la actividad económica lo antes posible debido al coronavirus. Su presidente, José María Albarracín, defiende que la autoridad competente para tomar tal decisión es el Gobierno nacional y que todas las empresas deben seguir funcionando aplicando las medidas de seguridad necesarias.
“Nosotros acataremos lo que diga el Gobierno de España, que es el competente en este asunto. La actividad económica que hay en este momento se debe mantener con la máxima normalidad y con las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los trabajadores”, señala Albarracín.
Así, subraya que desde la patronal están haciendo "mucha insistencia en que se cumplan todos los protocolos a rajatabla" y facilitando el material necesario para ello.
Sin embargo, advierte, cuanto más se pare la actividad productiva, "más difícil será la recuperación”. Por eso, aboga porque no se paralice toda la industria y el sector empresarial sino que se mantenga en lo posible una parte porque “cuanto menos se cierre, mejor”.
Respecto a la repercusión que tendrá el parón que ha sufrido la economía por el cierre de los comercios afectados por el decreto actual, asegura que “el impacto es brutal. Si el cierre fuera total, no me lo quiero ni imaginar”.
De hecho, subraya que si antes se hablaba de ralentización de la economía ya nadie duda de que "vamos a sufrir una recesión. Hay que poner todas las medidas necesarias para que el impacto sea el menor posible”.
Entre ellas, indica que las distintas administraciones deben proceder a la devolución del IVA y activar medidas que exoneren a las empresas y autónomos de todos los impuestos nacionales, regionales y municipales, además de poner en marcha grandes planes crediticios "a coste cero" para minimizar el impacto de esta complicada situación y que las empresas puedan remontar lo antes posible.
La Cámara de Comercio, por su parte, señala que "es esencial que las distintas administraciones actúen con coordinación y manteniendo el cumplimiento de la legalidad para no generar incertidumbre en el tejido productivo" y, en este sentido, recuerda que las competencias para un cierre de toda actividad no esencial "corresponden al Gobierno central".
Del mismo modo, el presidente de la entidad, Miguel López Abad, indica que un cese de actividad más estricto que el aplicado hasta el momento "requerirá profundizar en las medidas de apoyo ya anunciadas a las empresas, a los trabajadores y a las familias porque serán determinantes en las consecuencias socioeconómicas de esta situación y en que la recuperación se produzca en el menor tiempo posible".
Así, también destaca el hecho de que, ante un escenario que evoluciona cada día, la adaptación y respuesta de las empresas y de los profesionales "está siendo ejemplar", con el mantenimiento de una actividad que asegura la atención a enfermos y colectivos vulnerables; la producción, transporte y distribución de alimentos; la limpieza de espacios públicos y privados; el acceso a los medicamentos; o a la información, entre otros.
