MURCIA. El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha vivido este miércoles uno de los tragos más amargos desde que está en el cargo, defendiendo en la Asamblea regional su gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la crisis de la Covid-19.
Motas ha comenzado su intervención asumiendo "plenamente el peso de la responsabilidad como consejero" y ha admitido que, tras la crisis sanitaria, el empleo es lo que más preocupa a la sociedad, si bien ha lamentado que muchas de las propuestas que ha hecho al Gobierno central no han sido tenidas en cuenta. "Nuestro compromiso con los ciudadanos es máximo y no vamos a fallar a los murcianos", ha subrayado.
Sin embargo, ha recordado que el equipo que gestionaba los ERTE en la consejería cuando comenzó la crisis estaba formado solamente por dos personas, y que a pesar de las dificultades añadidas de la formación y capacitación a distancia ese servicio cuenta hoy con 231 funcionarios.
Eso, ha defendido, ha hecho posible que en la actualidad el 98% de los 14.273 ERTE solicitados en la Región estén resueltos. Incluso ha ido más allá al asegurar que es de las pocas Comunidades Autónomas que resuelve todos los ERTE en plazo mientras que otras lo hacen por silencio administrativo. Algo que durante semanas también ocurrió y que obligó a ampliar el plazo de 5 a 10 días para su tramitación con el fin de intentar que no ocurriera.
También ha destacado la dedicación del personal dedicado a la tramitación de los ERTE y "ingente esfuerzo" que han realizado, que ha contactado por teléfono o mail con las empresas que no cumplían con los requisitos o cuyas solicitudes eran inadecuadas para intertar ayudarles y subsanar las deficiencias de documentación. Asimismo, ha indicado que se ha dado solución a las necesidades de empresas agrícolas con una orden que autorizaba la movilidad de esos trabajadores y el servicio de intermediación laboral ha recibido la petición de más de 42 empresas y se han suscrito 5.560 contratos.
Además, ha asegurado que el primer objetivo fue garantizar la seguridad, que se adaptaron todos los procedimientos "para que ninguna persona se quedara sin atención de forma telemática", se implementó la renovación automática de la demanda de empleo, "uno de los temas que más intranquilidad suscitaban", y se habilitó un formulario online para los servicios del Sef a través del cual se han atendido más de 21.000 consultas de trabajadores.
La oposición criticó con dureza la gestión de Motas durante la pandemia. El PSOE volvió a exigir su dimisión y Podemos manifestó que su labor no ha estado a la altura. La diputada socialista Virginia Lopo reprochó que su andadura ha estado marcado “por el caos y el descontrol”, recriminó que no pidiera disculpas y le culpó de “no ser consciente de la gravedad” de la situación. "No sabe lo que es un ERTE", reprendió Lopo.
La parlamentaria le acusó de tramitar los ERTE por fuerza mayor a través de silencio administrativo. El PSOE también le regañó por "contar mal los ERTE" y aventuró que los juzgados les pedirán responsabilidades.
La portavoz de Podemos, María Marín, echó en cara su tardanza por comparecer en la Asamblea y le afeó que no actuara con diligencia, al "crear inseguridad jurídica" con su gestión de los ERTE. "Ha perdido demasiados días y semanas, no parece ser consciente ni sentirse responsable".
Sobre el baile de cifras aportadas por la Consejería a lo largo de estos dos últimos meses sobre las empresas que habían solicitado un ERTE y los trabajadores afectados, Motas aseguró: "No tengo ningún problema es asumir los errores. Hemos apostado por la transparencia y desde el principio admitimos que los datos eran provisionales. Si nuestro error ha sido ser transparentes, admito ese error".