Foto: E. PARRA/EPMURCIA (EP). El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación 'morada', Rocío Esther Val, en el denominado 'caso niñera', en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos --ahora asesora del Ministerio-- como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados a De Frutos y Val el próximo 19 de julio a las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla. En el marco de la investigación estaba previsto que ese mismo día acudieran a sede judicial en calidad de testigos, aunque finalmente lo harán como investigados.
El caso parte de los hechos que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona expuso ante el magistrado que instruye del caso 'Neurona', donde se investiga si la relación entre Podemos y la consultora mexicana que da nombre a la causa se basó o no en un contrato simulado en el marco de los presuntos trabajos realizados para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
La ex jefa de 'compliance' contó en un escrito al juez de 'Neurona' que Montero habría usado a la asesora del Ministerio de Igualdad Teresa Arévalo --entonces empleada del partido que ahora ejerce de asesora en Igualdad-- como cuidadora de su hija durante la mencionada campaña electoral.
Fuentes de Podemos han señalado a Europa Press que "este procedimiento es otro montaje más para perseguir" a la formación morada, al tiempo que han denunciado que el mismo "está impulsado por los sectores de la 'judicatura patriótica'". Desde el pasado 27 de abril el juez Escribano dirige diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como investigada a la asesora, ya que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo.
Carmona aseguró que Arévalo acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que Montero dejó a la niña al cuidado de la asesora mientras intervenía en el evento.
Queda pendiente que el magistrado llame para tomar testifical a Carmona y a otra antigua empleada de la formación, Elena González, toda vez que pidió a la Policía Nacional que localizara "a la mayor brevedad" sus domicilios para que también fueran citadas como testigos.
La decisión del juez llega después de que la Fiscalía pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron los que "ordenaron el pago" y, por tanto, "en su garantía deben ser oídos como investigados"
En un escrito de 25 de junio, la fiscal Lorena Álvarez Taboada pidió que se solicitase la declaración de ambos trabajadores de Podemos para el próximo 14 de julio, fecha prevista para el interrogatorio de Arévalo, investigada en la causa por un presunto delito de administración desleal a raíz del relato Carmona, quien sostiene que la ministra Irene Montero habría usado a Arévalo --entonces empleada de Podemos-- como cuidadora de su hija durante la campaña de 2019.
En ese mismo escrito, la fiscal mostró su oposición a que se citase como investigado al exlíder de la formación 'morada' y pareja de la ministra de Igualdad Pablo Iglesias. "No podemos sino oponernos", precisó al considerar que de los hechos relatados en el escrito remitido por Carmona "no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija".
