El exministro Eduardo Zaplana. Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. El exministro Eduardo Zaplana ha recurrido el auto de procesamiento en el conocido como caso Erial, que supone el final de la instrucción y el paso previo a la apertura de juicio oral. Una resolución que lo deja a un paso del banquillo junto a un total de 20 personas, entre ellas su círculo más estrecho de colaboradores y la familia Cotino.
El también expresidente de la Generalitat pide sobreseer la causa por la "ausencia de indicios objetivos" de delito y carga contra la forma de llevar la investigación por parte del juzgado. Ésta, afirma su abogado, "ha consistido básicamente en unir a la causa las distintas investigaciones realizadas por la Guardia Civil, por propia iniciativa, que procedía a tomar las declaraciones que le parecía oportuno y sobre las líneas de investigación que dicha fuerza policial consideraba, sin atisbo de encomienda o control judicial y, por supuesto, sin permitir a las defensas intervenir en las mismas". "De esta forma hemos asistido a una instrucción netamente policial en la que no ha existido otra iniciativa que la de la fuerza actuante", añade.
La negativa a la práctica de las diligencias solicitadas por la defensa de Zaplana es otro de los puntos del recurso. "Durante toda la instrucción de la causa, la representación ha tenido que aguardar silente a que el juzgado tuviera a bien dejar acceder a la investigación policial una vez esta estaba concluida y formaba ya varios tomos de los que se nos daba traslado, tras citación al efecto. Nunca supimos lo que la Guardia Civil estaba investigando, si le quedaban nuevos informes que presentar o declaraciones que tomar, salvo alguna filtración en prensa", señala.
Después de una "instrucción delegada" en los agentes, "en la que se ha vedado de hecho la intervención de los investigados y en la que se ha evitado practicar diligencias sobre los elementos esenciales de la imputación (las adjudicaciones de ITV o del plan eólico o los beneficiarios de los fondos de las cuentas en el extranjero), se dicta un precipitado, desordenado y confuso auto de transformación", censura.
En su opinión, la investigación, "lejos de confirmar los posibles indicios que justificaron la incoación de la causa", ha servido para certificar la "ajenidad" del exministro en relación a los procesos de adjudicación de las ITV y del plan eólico y que "no era titular, autorizado, apoderado o beneficiario de los fondos que se le atribuyen en el extranjero".
Así, explica que no existen otras bases indiciarias para imputar" a Zaplana más allá de la "declaración previamente pactada con el fiscal" del abogado uruguayo Fernando Belhot, su considerado testaferro, y "la mal llamada hoja de ruta", donde se describían los inicios de la supuesta trama.
"No existe en la presente causa ningún dato objetivo que permita vincular a Eduardo Zaplana con los movimientos de cuentas fuera de España. Ni los había cuando fue ingresado en prisión, ni aparecieron en las comisiones rogatorias libradas a diferentes países, ni resultan tras la ingente documentación examinada procedente de las entradas y registros", prosigue.
Igualmente, pide la nulidad de las escuchas de la causa y del registro en el despacho del exabogado del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, quien declaró que era "ilegal".
