CARTAGENA. Ambumar y Eulen son las empresas que se han presentado para ofrecer el servicio de vigilancia y salvamento de las playas de Cartagena, un contrato que podría elevarse a los 4,6 millones de euros en el caso de que se ampliase el mismo a dos años más de los dos que salen a licitación. La concejalía de Seguridad Ciudadana ha incrementado en un 9% el precio respecto a los años anteriores y, curiosamente, ha descendido el número de licitadores -en la anterior concurrieron hasta cinco-.
A partir de ahora, la Mesa de Contratación se encargará de analizar ambas propuestas y decantarse por una de ellas que tendrá que estar trabajando a partir del próximo mes de mayo y hasta abril de 2025 -prórroga excluida-.
Las playas que están sujetas a vigilancia en Cartagena son: playa de Monteblanco (Calnegre), playa del Galúa, playa del Barco Perdido, playa de Levante, playa de Cala Reona, playa de Calblanque, playa de Cala Cortina, playa del Portús, playa de La Azohía, playa de San Ginés, playa de Isla Plana, playa de Punta Brava, playa de Los Urrutias, playa Los Nietos, playa Islas Menores (poniente), playa Islas Menores (levante), playa Mar de Cristal, playa Lomas del Castillico, playa Honda, playa Paraíso, playa Puertobello, playa de la Gola, playa del Cavanna, playa de la Cala del Pino y playa del Corral.
El objeto de la prestación de este servicio consiste por tanto en velar por la seguridad de los usuarios de las zonas de baño público en espacios acuáticos naturales, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas, realizando una vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia realizando salvamentos y practicando primeros auxilios cuando sea necesario.
El último año de servicio de Ambumar generó debate entre en un Pleno Municipal del pasado verano ya que MC Cartagena lo consideró como 'deficitario'. 'Puestos de vigilancia que quedan sin recursos materiales y de emergencia sanitaria para trasladarlos a otros emplazamientos; falta de personal (socorristas, patrones y enfermeros); personal sin titulación oficial que les habilite para trabajar y que no recibe la formación adecuada y homologada que se requiere para los puestos de socorrismo, carencia de material (vestuario de protección) que se demanda para una emergencia, etc. Un cúmulo de irregularidades que pueden desembocar auténticas fatalidades a la hora de prestar un servicio de calidad', esgrimían en su moción.
El concejal de MC Cartagena, Ricardo Segado, solicitó la formación de un grupo de trabajo que se constituyese en "comisión de investigación".
"Desde MC consideramos que, una vez finalizado el mes de agosto y habiendo trascurrido el último año de posibilidad de prórroga de este contrato, es necesario hacer balance del grado de cumplimiento e incumplimiento del mismo, con el fin de que estos posibles fallos no se produzcan en el futuro, de cara a la prestación del servicio que se realizará el verano de 2023", apuntaban desde MC, aunque dicha moción fue rechazada con los votos del equipo de Gobierno y Vox.
