MURCIA (EFE).- La cantante Shakira ha aceptado este lunes el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la Audiencia de Barcelona que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre los años 2012 y 2014.
Ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la artista colombiana ha ratificado el acuerdo que su defensa ha alcanzado a última hora con la Fiscalía, que le pedía ocho años y dos meses de cárcel, y con las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y la Generalitat.
Shakira ha llegado pocos minutos antes de las 10.00 horas al Palacio de Justicia en medio de una fuerte expectación mediática, con cerca de un centenar de personas frente al edificio, la mayoría periodistas, pero también curiosos y algunos fans de la artista.
La tesis en que la Fiscalía basa su acusación de fraude fiscal es que la cantante vivía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
De esa forma, según el ministerio público, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, en todos los casos por encima de los 183 días al año que, de acuerdo con la ley, la convertían en residente fiscal en España, con la obligación de tributar en este país por toda su renta mundial, con independencia de donde se hubiera producido.
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, que ocultaban su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.
Un criterio del que discrepa la defensa, ejercida por el despacho de abogados Molins de Barcelona, que asegura tener pruebas “fehacientes” de que la artista fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se afincó en Barcelona a raíz de su relación con el futbolista Gerard Piqué.