MURCIA. La Asamblea Regional no investigará el incendio de Atalayas. La propuesta de una comisión de investigación, impulsada por Podemos Izquierda Unida (Grupo Mixto) y apoyada por el PSOE, ha sido rechazada por el PP y Vox. La mayoría de los grupos del Gobierno se ha impuesto con 29 votos frente a los 15 de la oposición al entender que el trágico siniestro, que se cobró la vida de 13 personas en la madrugada del pasado 1 de octubre, se encuentra investigado por varios frentes: un juzgado, la Fiscalía regional, el Grupo de Homicidios, la Brigada Científica de la Policía Nacional y el propio Ayuntamiento de Murcia.
"Todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Por qué nadie en 22 meses ejecutó la orden de cierre?", esgrimía la portavoz del Grupo Mixto, la diputada morada María Marín, quien recordaba que las discotecas afectadas carecían de licencia de apertura y tenían orden de cierre desde enero de 2022. Marín, que también cuestionaba los motivos por los que los locales ardieron de forma tan rápida, adujo que la Asamblea Regional "tiene las competencias" para investigar la mayor tragedia de la historia en un local de ocio de la Región, pues el artículo 10 del Estatuto de Autonomía atribuye "la competencia exclusiva a la Comunidad en materia de espectáculos públicos" pese a que no cuenta con ley propia. Precisamente el PSOE plantea elaborar un proyecto de ley de espectáculos públicos.
Desde Vox, el diputado Antonio Martínez Nieto sostuvo que los hechos están claros "en apariencia" y señaló que existe "una brecha en la coordinación de los servicios municipales" por "un fallo en la dinámica interna en el flujo de comunicación entre políticos, agentes y técnicos" del Ayuntamiento. Pero entiende que para averiguar el fallo "hay una tarea judicial, con un expediente abierto", por lo que se pregunta "qué aportaría la Asamblea a este trabajo". Asimismo argumentó que los documentos y sus posibles errores son "objeto de investigación en el propio Ayuntamiento". Por tanto, concluyó, "no vemos qué claridad puede arrojar esta comisión de la Asamblea, no vemos ninguna utilidad".
El PP, por su parte, defendió que "la intromisión de políticos" en una investigación parlamentaria "no va a apaciguar el dolor de las víctimas ni mucho menos va a esclarecer de la verdad". Así lo señaló Mari Carmen Ruiz Jódar: "Ya sabemos cuál es el verdadero objetivo que busca el Grupo Mixto, a Podemos lo conocemos todos", dijo, crítica con el "oportunismo político de María Marín". "Ustedes no buscan la verdad, sino una oportunidad egoísta, indecente y temeraria para lograr el protagonismo mediático que el sentido común les niega. Y ahí no van a encontrar nunca al PP", añadió. La parlamentaria también expuso que la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, que investiga la causa, ha impedido a Podemos que se persone.
El PSOE, en cambio, sí secundó la propuesta "por transparencia y por justicia a los familiares y a toda la sociedad que merece saber la verdad", como así arguyó el diputado José Andrés Torres Escarabajal. Para ello, afirmó, hay que usar "todos los instrumentos" para "arrojar luz y depurar responsabilidades" porque "es necesario y urgente que se aclare qué sucedió aquella madrugada". Además, extendió hasta 2018 el tiempo que, según denunció desde la tribuna, "los locales han funcionando presuntamente sin licencia".