Foto: A. R. M.MURCIA (MP/EP). La Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia ya es una realidad. Aprobada este miércoles en la Asamblea Regional, esta norma, la más importante que ha cursado el Parlamento en julio, nace además con el mayor respaldo parlamentario conocido hasta ahora en la Cámara: hasta 41 votos a favor, lo que significa que a la mayoría del Gobierno (23 escaños entre PP, los cuatro expulsados de Ciudadanos y los tres ex de Vox) se han sumado los miembros del PSOE y los dos parlamentarios oficiales de Ciudadanos. Únicamente no han votado a favor Podemos (cuyos dos integrantes la han rechazado) y el representante oficial de Vox, que se ha abstenido. Y aún pudo ser mayor el apoyo del Hemiciclo, ya que un diputado del PSOE no ha podido asistir al pleno. Hasta ahora, la ley que más consenso había suscitado fue la del Mar Menor, que contó con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE (39 en total frente al rechazo de Vox y Podemos).
Esta nueva ley, cuyo origen radica en la Consejería de Igualdad que dirige Isabel Franco, incluye un catálogo de prestaciones y recoge la creación de un mapa de servicios sociales. La ley reconoce la protección social como un derecho, lo que significa que las prestaciones sociales podrán ser exigibles ante los tribunales por sus titulares. La norma sustituye y actualiza la de 2003, "adaptándola a la nueva realidad social y económica, así como al impacto de la covid-19 entre los más vulnerables", según explicó el portavoz parlamentario del grupo Ciudadanos, Francisco Álvarez.
Para su elaboración, se ha contado con un "amplio" proceso de participación y consenso social, según explicó la propia Franco, quien ha detallado que se cuenta con un "tiempo limitado" para desarrollar el reglamento de la ley. "Es una ley actualizada que cuenta con los objetivos de la Agenda 2030 y que nos permite que desde hoy los compromisos y retos sea más evidente que nunca", apuntó la vicepresidenta del Gobierno.
La nueva ley consagra la historia social única, la tarjeta social y el profesional de referencia. Se reconoce el derecho subjetivo a las prestaciones o la definición del catálogo de las mismas: "Se garantiza la universalidad del acceso a los Servicios Sociales, normalizamos la coordinación territorial y la distribución de competencias y se configuran los dos niveles de atención, las Áreas de Servicios Sociales como unidades básicas y las Zonas Básicas de Servicios Sociales como especializadas", señaló el portavoz liberal.
En el pleno, el presidente de la Comisión de Sanidad y Política Social, Miguel Ángel Miralles (del PP) ha defendido que esta ley tiene por objeto reducir la desigualdad y mejorar la vida de las personas. "Se integra la coordinación sociosanitaria, la atención temprana a niños con discapacidad o riesgo de padecerla", ha apuntado durante su intervención. Y agregó que el texto garantiza una financiación necesaria con la creación del consejo interterritorial. "Se propician mecanismos de carácter social, formativo y sanitario. La ley hará más justa la vida en la región. Su aprobación supondrá un avance sin precedentes en la garantía de los derechos sociales", sostuvo.
Los dos diputados de Podemos votaron en contra porque, según esgrimió su portavoz, María Marín, "tenía que haber sido una ley mucho más útil para mejorar la vida de la gente de esta tierra". Para la parlamentaria morada, la ley "no responde a los problemas y retos a los que se enfrenta el sistema de servicios de la Región y que trata a la gente de esta Región como españoles de segunda".
Por el PSOE, Antonia Abenza manifestó que su grupo le daba un voto de confianza a la ley, aunque piensa que el texto es "muy mejorable". La socialista ha señalado que "para hacer política para la gente hay que escuchar a la ciudadanía". Ha criticado que el PP se reuniera con los colectivos para escuchar sus propuestas de mejora "y luego no las aceptaran".
Por parte de Ciudadanos, el diputado Juan José Molina afirmó que la ley "es mejorable es muchos aspectos aunque algo avanza respecto a la anterior". A su juicio, "va a permitir agilizar los procedimientos, mejorar los servicios y evitar que se den duplicidades en las prestaciones". No obstante, Molina se mostró crítico con Franco: "Hay un trabajo importante de Ciudadanos en esta ley. Por desgracia, la consejera tránsfuga ha dado la espalda a muchos colectivos y ha perdido la oportunidad de elaborar una ley que beneficie a todos, teniendo en cuenta muchas de las enmiendas que han sido rechazadas".
El portavoz del grupo Vox, Juan José Liarte, aseguró que la eficiencia del sistema de servicios sociales es "de primer orden". Durante su alocución ha reseñado las cifras de paro y de pobreza, que superan a las de años anteriores. Reprochó que el sistema se base en 17 sistemas de servicios sociales diferentes. "El gasto que hacemos en servicio social tiene que ser inversión, no podemos conformarnos en que sea solo gasto. Tiene que ser un dinero que sirva para ayudar a la persona a superar esa situación"
Por último, la diputada del PP Maruja Pelegrín resaltó el avance que supone esta ley. "Es una ley que blinda los derechos sociales de los ciudadanos de la Región, que garantiza el acceso en igualdad a las prestaciones sociales y la universalidad de unos servicios de calidad, que es precisamente uno de los principios rectores de esta norma", indicó, apostillando que ayudarán a que se cumplan los plazos para el desarrollo reglamentario de la norma.
