Foto: A. Pérez Meca/EPMADRID (EP). La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha asegurado que el acuerdo entre banca y Gobierno para aliviar a hipotecados en España afectados por la subida de tipos tiene que encajar dentro de un marco regulatorio y de supervisión y preservar "las bondades y fortalezas" del mercado hipotecario.
En su intervención en el XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por la empresa Deloitte y el diario 'ABC', ha defendido que el sector bancario es "muy sensible" al reto que supone la subida de tipos de interés sobre los costes de las hipotecas. "El sector siempre está aquí para atender los problemas de los clientes", ha afirmado, antes de asegurar que el foco central del sector ha sido ayudar a mitigar el impacto de estas subidas sobre sus clientes.
Ha explicado que el sector ha trabajado tanto a nivel interno como con Economía para cuadrar las medidas de alivio a los hipotecados y su encaje tanto en el marco regulatorio como en el propio mercado hipotecario español y en la situación de las entidades, las cuales también realizan emisiones de cédulas hipotecarias y podrían verse afectadas.
Sin embargo, Kindelán ha indicado en su intervención que todavía desconoce el texto final del acuerdo, ya que debía ser discutido en último término en el Consejo de Ministros. Una vez conozca los detalles definitivos, la asociación procederá a analizarlos.
Preguntada por el impuesto temporal a la banca que ha planteado el Gobierno, la presidenta de la AEB ha vuelto a afirmar que se trata de una medida que "no es solución" para ninguno de los problemas actuales y que "no es el momento" de poner más cargas al sector financiero.
Además, ha recogido las declaraciones de autoridades españolas y europeas, como el Banco Central Europeo (BCE), que han indicado que el efecto neto de la subida de tipos sobre la banca podría no ser necesariamente positivo, y ha asegurado que el nuevo gravamen podría restar en torno a 50.000 millones en crédito y afectar a los seis millones de accionistas que el sector tiene en Bolsa.
También ha afirmado que esta medida genera "inseguridad jurídica" y ha dudado de que el impuesto sea temporal. "Ningún impuesto es fácil de quitar", ha sostenido.
Por último, Kindelán ha arremetido igualmente contra la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo proyecto de ley se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros junto al acuerdo para hipotecados. Al respecto, ha señalado que es otra medida que "incrementa costes y genera ineficiencias" y ha defendido el sistema de reclamaciones que ha funcionado hasta ahora, basado en las autoridades competentes en cada área, ya sea Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.
Ha afirmado que, antes que una nueva autoridad, habría optado por mejorar el sistema actual y ha señalado que el nuevo organismo genera una tasa elevada por cada reclamación.
En este sentido, se prevé que las resoluciones de la nueva autoridad sean vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
