MURCIA (EP). El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite la petición del Gobierno regional de adoptar medidas cautelares respecto al decreto que "recorta" del trasvase Tajo-Segura, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Comunidad Autónoma.
Cabe recordar que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, alertó este miércoles que, de no producirse la suspensión cautelar del "recorte" del trasvase Tajo-Segura que ha solicitado su Ejecutivo, habría "un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren".
Además, resaltó que esa cautelar era "necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir", ya que el recorte "nos condena a la ruina" y "afecta a toda la sociedad, no sólo a la agricultura".
López Miras hizo estas declaraciones tras reunirse en el Palacio de San Esteban con el presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, y con el director del Instituto EuroMediterráneo del Agua, Paco Cabezas.
Tras ese encuentro "para avanzar en la defensa de los intereses de la Región de Murcia, de Alicante, de Almería y de todo el Levante español", el jefe del Ejecutivo regional ofreció más detalles sobre la petición de cautelar formulada mientras el Tribunal Supremo estudia el recurso en defensa del Tajo-Segura.
Así, el presidente señaló que la Comunidad había solicitado la suspensión cautelar del nuevo régimen de caudales ecológicos "porque no existe ningún interés público superior que exija la aplicación inmediata, pero sí está más que demostrado que su aplicación genera de inmediato graves perjuicios económicos y sociales en la Región de Murcia".
En este sentido, recordó que el recurso contra el Supremo busca "corregir una decisión oportunista y sectaria que carece de cualquier rigor técnico", y puso de relieve que "cuanto más se estudia el Decreto que recorta el trasvase más nos queda claro que detrás solo hay motivos políticos".
Para respaldar su solicitud de medidas cautelares, el Gobierno regional adjuntó una memoria con diez anexos que representan los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.
"Confío en que se tengan en cuenta nuestros planteamientos, que son mucho más que los de un Gobierno, y que van más allá incluso de los que defienden con toda la razón los regantes: son los argumentos de toda una Región que es hoy atacada de manera injustificada", afirmó López Miras. Además, el presidente se comprometió a que "seguiremos actuando de manera coordinada, hombro con hombro, con una sola voz, en defensa del trasvase". El objetivo es "que la Justicia escuche la voz de los murcianos", para lo cual "agotaremos todas las vías".
Como ya informó Murcia Plaza, los argumentos esgrimidos por la Comunidad en su defensa del Trasvase son que la "falta de coordinación" entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura compromete la viabilidad del trasvase y no garantiza su funcionamiento, al tiempo que la fijación de caudales ecológicos carece de criterios técnicos que la amparen.
En este sentido, el Gobierno murciano tiene previsto arremeter en su recurso contra la "ausencia de claridad y transparencia" en las deliberaciones y votaciones del Consejo Nacional del Agua, según explicó el consejero de Agua, Antonio Luengo.
Y es que, según el dictamen del Consejo de Estado, en varias explicaciones de los votos "se pone de relieve que existió cierta confusión acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto 'in voce' por el secretario de Estado de Medio Ambiente". Por ello, el Ejecutivo autonómico advierte que algunos de los votos se emitieron "condicionadamente" a que la redacción fuera una u otra.
De hecho, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España puso de manifiesto en su dictamen que "habría sido deseable" que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua "se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito" y de "modo especial" sobre un asunto "tan relevante" como esa disposición.
Por otro lado, el Gobierno murciano ha recordado que el Consejo de Estado planteó también "dudas" sobre los aspectos relativos a los acuíferos compartidos y la necesidad de coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase.
Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían en la Región de Murcia casi 5.500 empleos y 334 millones de euros anuales, y casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase (Murcia, Almería y Alicante).
Así se desprende de un estudio presentado este miércoles en el Palacio de San Esteban de Murcia, sede de la presidencia regional, y que forma parte de la documentación que se ha incluido en el recurso que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo, aumentando sus caudales ecológicos con el consiguiente recorte para el trasvase.